El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los tres exconsejeros de ERC encarcelados por la Audiencia Nacional «acatan» la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sin «renunciar a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas, y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña». En esos términos, los cuatro exmiembros del Gobierno catalán piden al Tribunal Supremo su puesta en libertad o, al menos, una medida cautelar menos gravosa que la prisión que les permita participar en las elecciones del 21-D, circunstancia que, alegan, no pudo valorar la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando les envió a prisión.
Si su petición ante el alto tribunal no prospera antes o su defensa no renuncia a los recursos que presentaron, la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional revisará el lunes la prisión. Y el viernes deliberará sobre la competencia de esta sede judicial para investigar la rebelión, pese a que el Supremo ya ha asumido toda la causa. Fuentes jurídicas confían en que el magistrado Pablo Llarena adopte una decisión esta semana o, en todo caso, antes de que el próximo día 5 se inicie la campaña electoral.
Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa ya han formalizado ante el Supremo el escrito en el que piden su libertad. Los exconsellers del PDECat Josep Rull y Jordi Turull, así como el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y actual número dos de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, también lo hicieron ayer. Los tres piden al magistrado del Supremo que les deje libres y volver a declarar, si el juez lo considera oportuno.
Rull y Turull proponen, además, que quede sin efecto la fianza de 6,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil que la jueza Lamela impuso de forma solidaria a los exmiembros del Ejecutivo catalán que no huyeron a Bélgica. La exconsejera Meritxell Borràs ha pedido declarar ante el Supremo y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, previsiblemente solicitará hoy mismo su libertad.
ACTUACIÓN FUTURA
Junqueras y sus compañeros de ERC niegan en su escrito haber cometido los delitos que se les imputan (rebelión, sedición y malversación), así como que exista riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas. Consideran que su argumentación «sería suficiente» para ser excarcelados, aunque admiten volver a declarar si el juez no lo entendiera así, «en la medida en que ello sirva para ratificar los términos de su voluntad de actuación futura», sin entrar «en la discusión de fondo de la imputación», porque sería «incongruente».
«Si es la conducta y actitud de los investigados la que define sus intenciones futuras, lo relevante es reconocer que pese a ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña, acudieron a la citación del juzgado ya como exconsejeros» del Govern. El «cese en el desarrollo de sus tareas y responsabilidades de gobierno no se planteó como una estrategia defensiva, sino como una decisión personal de todos, ante la aplicación del artículo 155».
Lo hicieron, no obstante, «desde la más profunda discrepancia política y jurídica», porque «consideran que dicho artículo no permite cesar a los miembros del Govern, ni apropiarse de las funciones de la Presidencia de la Generalitat ni bloquear la actividad del Parlament, pero han decidido acatar su aplicación e impugnarla por los cauces jurisdiccionalmente oportunos».
El escrito añade que «no renuncian a sus convicciones políticas, que pasan por un compromiso inquebrantable con los principios de la no violencia y la democracia, porque entienden que la Constitución protege expresamente su derecho a defenderlos. Su proyecto político se enmarca en una lectura amplia, progresista y extensiva de la norma fundamental, en la que, mediante la negociación y el diálogo, se permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña». Aunque no hay ninguna renuncia expresa al uso de vías unilaterales para conseguirlo, se comprometen «firmemente» a «canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación», «en el caso de que en el futuro volvieran a ocupar» responsabilidades.
Piden a Llarena que «tutele sus derechos electorales» ahora que todos ellos van en las listas de ERC «y en condiciones normales tendrían derecho a participar de la campaña», así como a ejercer la representación política de los ciudadanos si resultasen electos, como parece previsible.
