El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los 'exconsellers' de ERC "aceptan" la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sin "renunciar a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas, y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Catalunya". En esos términos, estos cuatro exmiembros del Govern piden al Tribunal Supremo su puesta en libertad o al menos una medida cautelar menos gravosa que la prisión que les permita participar enn las próximas elecciones.

Si su petición no prospera antes o su defensa no renuncia a los recursos presentados, los cinco magistrados que forman la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional revisarán el próximo lunes la prisión de los exmiembros del Govern. Estos recursos siempre siguen adelante, si no hay renuncia expresa de ellos por parte de quien los ha presentado. Pero ello puede ocurrir todavía, ya que hasta el lunes hay tiempo.

De momento, los 'exconsellers' de ERC, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y Raül Romeda, Carles Mundò y Dolors Bassa, ya han formalizado ante el Tribunal Supremo el escrito en el que piden su puesta en libertad. Los del PDECat también lo han solicitado este martes.

Declarar solo si es necesario

En su escrito, Junqueras niega que exista riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Y entiende que con su argumentación "sería suficiente para entenderlo", pero si el juez considera que no, "solicita la declaración" de los exdirigentes catalanes "en la medida en que ello sirva para ratificar los términos de su voluntad de actuación futura", pero sin que ello suponga entrar "en la discusión de fondo de la imputación", porque ello sería "incongruente".

"Si es la conducta y actitud de los investigados la que define sus intenciones futuras, lo relevante es reconocer que pese a ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Catalunya, acudieron a la citación del Juzgado Central de Instrucción ya como exconsejeros o exmiembros del Gobierno", explica el escrito de los 'exconsellers' de ERC.

Insisten en que el "cese en el desarrollo de sus tareas y responsabilidades de gobierno no se planteó como una estrategia defensiva sino como una decisión personal de todos, ante la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155".

No obstante, a continuación añaden que "lo han hecho desde la más profunda discrepancia política y jurídica", porque "consideran que dicho artículo no permite en ningún caso cesar a los miembros del Govern, ni apropiarse de las funciones de la Presidencia de la Generalitat ni bloquear la actividad del Parlament, pero han decidido acatar su aplicación e impugnarla por los cauces jurisdiccionalmente oportunos".

Por si hubiese alguna duda añaden que "no renuncian a sus convicciones políticas, que pasan (como han defendido siempre) por un compromiso inquebrantable con los principios de la no violencia y la democracia, porque entienden que son legítimas y que la Constitución protege expresamente su derecho a defenderlas. Su proyecto político se enmarca en una lectura amplia, progresista y extensiva de la norma fundamental".

En este sentido, piden al magistrado Pablo Llarena que "tutele sus derechos electorales" ahora todos ellos "son actores políticos de un proceso electoral y ello significa que en condiciones normales tendrían derecho a participar de los actos de campaña, así como tendrán derecho a ejercer la representación política de los ciudadanos si resultasen escogidos, circunstancia que no se aventura improbable dada su posición en las listas electorales".

Competencia

Además, la Audiencia Nacional también tiene previsto deliberar el viernes los recursos presentados contra la admisión a trámite de la querella fiscal por rebelión, sedición y malversación presentada contra el Govern. Se trata de una circunstancia que ha quedado ya superada por la decisión del Tribunal Supremo de investigar esta querella junto a la que ya llevaba contra la Mesa del Parlament.