El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró ayer que domicilios de jueces y fiscales en Cataluña han sido objeto de pintadas, atentados contra el patrimonio y hasta cortes de suministro eléctrico. Los últimos ataques habrían tenido lugar el pasado fin de semana. La propia fiscala jefa de Barcelona, Anna Maria Magaldi, denunció que unos desconocidos entraron en su segunda residencia, en el Pirineo, cortaron la calefacción y desconectaron la antena de televisión, tras forzar el trastero donde está la caldera.

Catalá respondió así, en el pleno del Congreso, a una interpelación del parlamentario del PDECat Jordi Xuclà, quien le emplazó a pedir perdón por el uso de «las porras» el 1-O. Para el ministro, quienes deben disculparse son aquellos que han alimentado «la confrontación social y el conflicto» y quienes parece que no quieren vivir en libertad y democracia. En lugar de eso, afirmó, prefieren vivir «cómodamente en una sociedad que amenaza, coacciona y limita los derechos de los discrepantes».

«No conozco a ningún constitucionalista que haya ido a amenazar, a coaccionar o a pintar la fachada de ningún independentista. Y sí a muchos independentistas que han hecho escraches a los jueces, pintadas en los comercios y en las viviendas y han cortado los suministros de energía a servidores públicos como jueces y fiscales», manifestó. En cuanto a la denuncia de la fiscala, los Mossos d’Esquadra ya están investigando los hechos. Los intrusos causaron daños en el sistema de calefacción, el riego por aspersión y los cables de la televisión, sin llevarse nada del domicilio. Los agentes averiguan, pues, si el allanamiento de la vivienda de Magaldi puede estar vinculado al papel de la fiscalía en el proceso independentista. De confirmarse, los intrusos podrían ser acusados de un delito de incitación al odio, entre otros.

PETICIÓN DE TRASLADO

El presidente del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, reveló el martes que varios jueces destinados en Cataluña han pedido su traslado por la «situación de tensión personal» desencadenada por el proceso secesionista.

Xuclà interpeló al ministro sobre la crisis del sistema de justicia en España y, en concreto, sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A su juicio, no había base legal para cesar al Gobierno catalán ni disolver el Parlament y, con esas medidas, el Gobierno ha derogado de forma unilateral el Estatut. El ministro, por contra, argumentó que las medidas del 155 se aplicaron de forma «prudente, proporcionada, razonable y adecuada a la gravedad de la situación» ante «la mayor amenaza» que ha padecido la democracia en España.

Catalá aprovechó para arremeter contra el expresidente Carles Puigdemont por huir «indigna y furtivamente» de noche para tratar de eludir la acción de la justicia, en lo que -a su juicio- sí que constituye una «anomalía democrática».

Xuclà le rebatió que Puigdemont «colabora con la justicia, con la justicia belga» que «ni detiene preventivamente, ni pide fianzas ni hace lo que hace la justicia española».