El Congreso emitió ayer una imagen extraña, con ningún grupo votando en contra de una iniciativa. A propuesta del PSOE, que primero sumó a Podemos, después a Ciudadanos y por último al Partido Popular -que se resistió pero optó por participar en el acuerdo ante la evidencia de que iba a salir adelante en cualquier caso-, la Cámara baja aprobó una reforma del sistema de elección del consejo de administración de RTVE. Todos sus miembros deberán ser relevados por un procedimiento nuevo de concurso público antes de que acabe el año, incluido su polémico presidente, José Antonio Sánchez, muy cercano a la número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La propuesta, que salió adelante con 343 votos a favor y la única abstención de Bildu, supone echar atrás el sistema de aprobaron los conservadores en el año 2012, cuando tenían mayoría absoluta, y volver a un modelo muy parecido al del Ejecutivo que presidió José Luis Rodríguez Zapatero. De ahí su importancia simbólica, más allá de las novedades que trae consigo.

PARITARIO / La principal es el sistema de elección de la dirección del ente público. Por vez primera habrá un concurso público, método defendido por Podemos y Ciudadanos. Tramitada por la vía de urgencia, la norma debe pasar ahora por el Senado y será aprobada definitivamente a lo largo del mes de septiembre. A partir de ahí, el nuevo consejo, paritario e integrado por nueve miembros, tendrá que ser elegido en el plazo de tres meses.

En aras de que los criterios de selección tengan más que ver con el mérito y la capacidad y menos con las afinidades políticas, los distintos aspirantes a consejeros, señala la iniciativa, comparecerán «ante un comité de expertos, formado por personas de reconocido prestigio, cuyos miembros serán designados por sorteo de entre los propuestos proporcionalmente por los grupos parlamentarios». Este comité emitirá informes públicos sobre los aspirantes, que serán remitidos a la Comisión Mixta de RTVE.

Una vez pasado ese filtro, las candidaturas de los consejeros del ente público deberán ser aprobadas, y aquí reside otro importante cambio, por dos tercios del Congreso y el Senado. Es decir, la reforma, pactada a iniciativa de los socialistas, vuelve al espíritu de la ley aprobada por el Gobierno socialista en el 2006, anulando el modelo que sacó adelante el PP al poco de volver a la Moncloa, cuando estableció por decreto-ley un modelo que solo exigía la mayoría absoluta de ambas cámaras. Aquello permitió a los conservadores elegir en solitario al presidente y al resto de consejeros.

Aun así, cuando los candidatos no logren ese aval de dos tercios, la elección se hará por mayoría absoluta. Como en los últimos tiempos, con la diferencia de que ahora (el sistema se empezará a aplicar en cuanto se apruebe la reforma, sin esperar a junio del 2018, fecha en la que expira el mandato del actual consejo) se exigirá el voto favorable de la mitad de los grupos parlamentarios para facilitar el consenso.

El PSOE celebró la puesta en marcha de esta reforma, pero aún lo habría celebrado más si el PP no hubiera participado en ella. Su ausencia habría servido a los socialistas para argumentar que el entendimiento entre Ciudadanos y Podemos, con Pedro Sánchez como elemento aglutinador, es posible y podría acabar, incluso, en una nueva moción de censura a Mariano Rajoy. Solo que el PP decidió en el último momento participar en este pacto. La nueva ley, dijo el diputado popular Ramón Moreno, «es limitada y su redactado es deficiente» pero su grupo prefirió estar «al lado del consenso».

«Es un día importante para los ciudadanos», dijo el socialista José Miguel Camacho, quien confió en que RTVE deje de ser «un gabinete de prensa de la Moncloa, manipulando cada día». La tesis de Podemos fue similar. El acuerdo, dijo su diputada Noelia Vera, quiere poner fin a una etapa «propia de una dictadura». Desde Ciudadanos, Guillermo Díaz también pidió «dejar atrás los tics de la mayoría absoluta».