La saga Pujol tiene abiertas múltiples frentes judiciales, pero dos son las más importantes. Una se instruye en la Audiencia Nacional, en la que está implicada la familia y en la que se investiga la fortuna oculta en Andorra y los negocios de los hijos del exmandatario catalán. Pero hay otro proceso más adelantado: el que tramita un juzgado de Barcelona sobre el supuesto intento de amaño en las adjudicaciones de ITV y el presunto pago de comisiones al exdiputado en el Parlamento catalán Oriol Pujol, a través de sus esposa, Anna Vidal.
El fiscal solicita para él cinco años y dos meses de cárcel. Desde hace meses hay en marcha negociaciones entre la defensa y la fiscalía para llegar a un acuerdo que evite el juicio. El exsecretario general de CDC estaría dispuesto a aceptar una condena de un poco de más de dos años de prisión, que comportaría su ingreso en la cárcel por unos días, a cambio de salvar a su mujer, que se enfrenta a una pena de tres años y cuatro meses.
La investigación del caso ITV está acabada, pero restan aún algunos trámites. Y es que este asunto se lleva por la ley del jurado. Es decir, en el supuesto de que Oriol Pujol no pacte y sea juzgado, será un tribunal popular quien decida su futuro. Fuentes judiciales han asegurado que ahora está pendiente fijarse la última comparecencia que prevé la citada ley para dar por acabada definitivamente la instrucción. Ahí es donde se pueden solicitar o no nuevas pruebas.
Sin embargo, este panorama se ha visto empañado por la petición del abogado de uno de los imputados de dejar fuera del proceso al seudosindicato Manos Limpias. A esta petición se ha agregado a última hora el mismo fiscal que lleva el caso. Y es que la expulsión de esta organización allanaría el pacto entre Oriol Pujol y fiscalía, aunque Manos Limpias, que reclama 11 años de cárcel, tampoco se ha opuesto frontalmente al acuerdo.
