Tras casi tres décadas ocupando innumerables cargos públicos, entre los que destacan el de presidente de la Comunidad de Madrid y el de secretario general del PP en este territorio, Ignacio González (Madrid, 1960) fue detenido ayer por supuestas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, un caso que se suma a los diferentes escándalos que le han salpicado.

González construyó la mayor parte de su carrera política a la sombra de Esperanza Aguirre, a quien conoció con solo 24 años en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando en 1996 fue designada ministra de Educación por José María Aznar, le nombró subsecretario de Educación y Ciencia. Y, en el 2003, aterrizaron juntos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid como presidenta y vicepresidente.

La recompensa a tanta fidelidad le llegó en septiembre del 2012, cuando relevó a Aguirre tras su dimisión por «motivos personales», pero su deseo de ser reelegido en los comicios del 2015 se truncó al ser imputado por el caso Ático. Mariano Rajoy no dudó en aquel momento en aupar a la primera línea a Cristina Cifuentes, impulsora de la investigación que desembocó ayer en su detención.

El escándalo por el ático de González en Estepona (Málaga) estalló en el verano del 2011, cuando se conoció que, tras alquilar la lujosa vivienda durante un tiempo, la adquirió por 770.000 euros, una cifra muy por debajo de su valor real, que rondaba los 1,3 millones. Durante unas pesquisas policiales se grabaron unas conversaciones telefónicas a partir de las que los investigadores sospecharon de un presunto delito de cohecho y blanqueo. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) interpuso una denuncia y se abrió una investigación policial. Al parecer, el comisario Pedro Javier Villate vendió en el 2008 el ático y tres plazas de garaje a la inmobiliaria Coast Investor, pero no inscribió la compraventa en el registro de la propiedad por «tema de impuestos». Según la denuncia, la esposa de González, Lourdes Cavero, suscribió entonces un contrato de arrendamiento del ático de larga duración, por unos 2.000 euros al mes, un precio «muy inferior» a la media que se paga en la zona, unos «6.000 euros al mes», y pagados a una empresa «sin actividad». En marzo del 2015, apenas dos meses antes de las elecciones autonómicas, salió a la luz que González se reunió con mandos policiales implicados para pedirles que no trascendiera que era inquilino del ático, adquirido por un testaferro a través de una sociedad radicada en Panamá. Una información que el dirigente del PP se apresuró a negar y a darle la vuelta, afirmando que sí se citó con los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo, pero que fue víctima de un intento de «extorsión» policial para que retirase las denuncias por la investigación del ático. El caso sigue en instrucción.

Otro escándalo en el que se ha visto envuelto ha sido el de la trama de espionaje de la Comunidad de Madrid. En el 2009, la investigación lo puso bajo sospecha. González negó la existencia de la trama pese a las informaciones que confirmaban que, desde la Consejería del Interior, presidida entonces por Francisco Granados, ahora en prisión, se creó una red financiada con dinero público para perseguir a adversarios políticos de Aguirre. Dijo esta que de los «más de 500 altos cargos» que había nombrado «solo dos le habían salido rana», Granados y el también exconsejero Alberto López Viejo. Parece que debe sumar otro a su lista.