La operación Lezo, en la que se procedió a detener al expresidente madrileño Ignacio González, contó ayer con una ramificación sorprendente. Además de los arrestos, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decidió imputar al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente del rotativo madrileño, Mauricio Casals, por obstruir presuntamente la acción de la justicia al tratar de impedir que se denunciaran las irregularidades detectadas en la gestión del Canal de Isabel II.
El magistrado, que tomó declaración ayer a cinco testigos vinculados a la trama corrupta, entre ellos a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (aunque ella contestará por escrito), interrogará hoy a Marhuenda y Casals por las supuestas coacciones que habrían cometido para evitar que el Gobierno autónomo denunciara las irregularidades detectadas en el Canal y así defender a uno de los arrestados, el consejero delegado de La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino, que fue presidente de la filial sudamericana del Canal de Isabel II, Inassa.
Fuentes jurídicas señalaron que la investigación judicial emprendida pretende determinar si Casals ordenó a Marhuenda amenazar a Cifuentes con una campaña de desprestigio en el periódico que dirige y el grupo Atresmedia, si la presidenta decidía denunciar las irregularidades. A. V.
