Las familias del Yak-42 obtuvieron ayer, casi 14 años después del siniestro que costó la vida a 62 militares, una conquista emocional. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que entonces era vicepresidente del Ejecutivo de José María Aznar y Federico Trillo como ministro de Defensa, les recibió durante más de hora y media en la Moncloa y se comprometió a buscar la fórmula para satisfacer su principal petición: que el Estado les proporcione una reparación «moral y jurídica», después de años peleándose por buscar «la verdad y la justicia» en tribunales y administraciones.

Rajoy no les pidió perdón explícitamente, ni los afectados se lo exigieron. «A quien se lo tiene que pedir es a los que murieron», señaló Francisco Cardona, vicepresidente del colectivo, al término del encuentro. Aunque el presidente no pronunció dicha palabra, los familiares se mostraron «esperanzados» y reconfortados al comprobar cómo el vicepresidente de un Gobierno que lo hizo «todo mal» se compromete ahora a «hacer las cosas bien». «Es una forma de pedir perdón», sostuvo la presidenta, Curra Ripollés.

El propio presidente, en declaraciones a los medios, mostró su confianza en que «entre todos» el Estado sea capaz «de hacer las cosas como hay que hacerlas», lo que supone emendar la plana al comportamiento y las formas empleadas por Trillo durante años.

LA RESOLUCIÓN / Las familias esperan ahora que Defensa elabore una resolución que asuma el dictamen del Consejo de Estado, que culpó del accidente al Ministerio y que aceleró la salida de Trillo de la embajada de Londres. Desean además que el informe se presente en el Congreso y que la responsabilidad patrimonial del Estado «emerja» del reconocimiento de una negligencia, por haber contratado sin garantías el traslado de los militares. «Nos repudiaría que dijeran que el comportamiento de Defensa era normal», sostuvo el abogado de la asociación, Leopoldo Gay. En su opinión, el tema es «difícil y delicado» porque significaría el reconocimiento de que no se trató de un «accidente» sino consecuencia de que volaban en una «chatarra», término usado por el padre de uno de los fallecidos, quien recordó que además se «ultrajaron sus cuerpos».

Cospedal, que participó en la reunión y ya pidió «perdón en nombre del Estado» en su comparecencia en el Congreso el pasado 16 de enero, explicitó a su vez, en una conversación informal con la prensa, el deseo del Gobierno de hacer un informe bien documentado, aunque asumió la dificultad de encontrar los documentos de las subcontratas del Yak que piden las víctimas.

Aún así, la ministra se comprometió con los afectados a presentarles en primer lugar al borrador del informe, algo que en opinión de Ripollés es síntoma de su «voluntad de diálogo». Si el dictamen recoge todas sus demandas, aseguró la asociación, supondrá suficiente «homenaje», no necesitarían más, pese a que Rajoy se mostró dispuesto a rendir honor a los fallecidos.

LA SITUACIÓN DE TRILLO / Las familias pidieron además al presidente que impida que Trillo se reincorpore a su plaza de letrado, precisamente en el Consejo de Estado. Pero el jefe del Ejecutivo no se comprometió a paralizar su vuelta. Públicamente, Rajoy ha defendido que Trillo, como «funcionario», regrese a su destino, y ha manifestado que suscribe «todas y cada una de las afirmaciones» de Cospedal en torno al perdón. Hoy tendrá una nueva oportunidad, ante la pregunta del PSOE en la sesión de control.