Santi Vidal es juez de profesión, aunque siempre ha tenido pie y medio en política. Nacido en Sant Sadurní de Noya hace 63 años, su padre fue un militar de carrera y alcalde franquista entre 1968 y 1971 en dicha localidad de Barcelona. Él, en cambio, siempre se ha distinguido por su progresismo y, en los últimos tiempos, por implicarse en el eje identitario al diseñar en sus ratos libres un borrador de constitución catalana, lo que motivó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le suspendiera como magistrado por tres años y que el independentismo lo encumbrara como uno de los mártires del proceso independentista
Como juez evitó hace décadas dictar sentencias condenatorias contra quienes se declaraban insumisos para hacer el servicio militar, lo que le granjeó simpatías en la izquierda y el catalanismo. Tras licenciarse en Derecho en la UAB en 1976, trabajó como abogado en un despacho laboralista afín a la CNT. Posteriormente inició la carrera como juez en Arenys de Mar y ya en la Sala Penal de la Audiencia de Barcelona fue miembro de la progresista Jueces para la Democracia (que ayer recordó que dejó la asociación en el 2015 y le recriminó sus recurrentes «salidas de tono» y su «afán de protagonismo»). Se significó sin ambages contra la ley hipotecaria y la violencia machista. Fue el primer juez en emitir una condena por apología del genocidio y odio racial (contra el dueño de la librería ultra Europa, Pedro Varela).
Vidal también marcó perfil catalanista desde los inicios de su singladura, pues fue por ejemplo uno de los primeros jueces en emplear el catalán de forma permanente. Con la eclosión del secesionismo, esa implicación ganó enteros y coordinó el equipo que redactó un anteproyecto de constitución catalana. La consecuencia, la decisión del CGPJ de apartarle de sus labores como juez por «vulnerar el deber básico de fidelidad a la Constitución española y al ordenamiento jurídico», un dictamen aprobado por 12 votos a 9 y ratificado por el Tribunal Supremo.
Aquel castigo empujó a Vidal a dar el salto de lleno a la política. Tras una etapa como asesor de la Consejería de Justicia del Gobierno de Artur Mas -puesto desde el que se dedicó a entrevistar a abogados afines a la secesión como futuribles jueces de una Cataluña independiente-, ERC lo acogió con los brazos abiertos y lo presentó como cabeza de lista para el Senado en las dos últimas elecciones generales, candidatura que le valió el escaño al que ha renunciado tras conocerse que atribuye al Gobierno catalán acciones ilegales.
