LOS PLANES TERRITORIALES
El Gobierno teme un referéndum forzado si se toca la Constitución
El PP avisó a C’s del «peligro» al solicitar reducir los aforados en la Carta Magna. 35 diputados o 27 senadores pueden impulsar una consulta por cualquier reforma
MADRID
Este miércoles el portavoz de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, aprovechará la sesión de control para preguntar al Ejecutivo central qué posibilidades existen en esta legislatura de acometer o no una reforma de la Constitución. La encargada de responder será la vicepresidenta, ministra de la Presidencia y de Asuntos Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, la misma que 24 horas después comparecerá en el Congreso para marcar las que serán las líneas principales de su política territorial. Cataluña, el futuro de Euskadi y esa potencial reforma constitucional serán sin duda temas clave de esta trascendente cita.
La actualización de la Carta Magna es un asunto que el Gobierno ha podido mantener guardado en un cajón mientras ha disfrutado de la seguridad que le otorgó, en otros tiempos, su mayoría absoluta. De hecho, sigue estirando cuanto puede el argumento de que abrir «ese melón» merece una reflexión previa y rigurosa sobre cuál es el objetivo que se quiere lograr, puesto que la mayoría de grupos parlamentarios desean cambios hondos en la ley fundamental, pero con fines bien distintos. En la Moncloa tienen muy presente que cualquier modificación de la ley fundamental, aunque solo afecte a un artículo o sea considerada de carácter menor, puede conllevar que un grupo de diputados o senadores puedan forzar un referéndum al respecto. «Y puede pasar que logren forzarlo en la actual coyuntura de mayorías y que después, políticamente, alteren el supuesto motivo de la consulta», apuntan fuentes populares preguntadas por este diario.
El artículo 167.3 de la Constitución vigente señala, ciertamente, que «una vez aprobada la reforma [de la Carta Magna] por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras». Esto es, que 35 diputados o 27 senadores bastarían para lograr un referéndum sobre cualquier cambio en la ley fundamental. Y el PP teme además que se pudiera facilitar una coartada a los independentistas para celebrar una consulta legal a la que, según auguran, pudieran dar la vuelta sobre su contenido original.
De hecho, fuentes conservadoras admiten que ese fue uno de los temores que se hizo llegar a la delegación negociadora de Ciudadanos cuando, en los meses de verano, se estaba ultimando el pacto que ambos partidos firmaron y que sirvió para garantizar la investidura de Mariano Rajoy. Concretamente cuando los naranjas impusieron que en el texto se incluyera el «eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos», que debe hacerse a través de una reforma constitucional.
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