El TC como arma política

La batalla entre el Gobierno y el Parlamento iniciada en primavera va a recrudecerse a partir de esta semana. El Ejecutivo ha confirmado a este diario que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) todas las iniciativas que apruebe la oposición y que supongan un aumento del gasto presupuestario. Una a una, sin plantear un conflicto de atribuciones en general, empezando por la única que ha anunciado hasta ahora que pleiteará, la que deroga la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (Lomce).

La oposición cree que lleva las de ganar. Aunque Mariano Rajoy ha planteado ya más de una docena de vetos, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han decidido aplicar una argucia jurídica para esquivar el boicot: registrar la norma para su entrada en vigor en los años sucesivos, en lugar del vigente, puesto que el bloqueo solo afecta al «ejercicio en curso». La primera victoria se la ha llevado En Comú Podem, que ha conseguido aprobar el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI).

ESCASA ARGUMENTACIÓN / Los juristas parlamentarios puntualizan. El artículo 134.6 de la Constitución y el 126.2 del reglamento del Congreso permiten el veto, pero debe ser argumentado y no puede aplicarse arbitrariamente como arma para acallar a la oposición. Aunque la Moncloa ha motivado cada uno de los vetos con escritos, la oposición cree que algunos son meras especulaciones.

En el caso de la Lomce, el Gobierno sostiene que se dejarían de ingresar 615 millones de ingresos en ayudas de la UE. El texto indica que la pérdida ocurriría «muy probablemente», pero admite que se «abre la incógnita» sobre una refinanciación. ¿Es un argumento sólido para bloquear una iniciativa aprobada en el Congreso? La oposición entiende que no y se niega a aceptar una motivación que considera insuficiente. El Ejecutivo insiste: si mañana el Congreso no cede, tendrá que ser el TC el que dirima el caso. Y así con cada uno de los vetos que los grupos quieran evitar. «El PP no puede usar el TC para substituir el diálogo en el Congreso. Si recurre, se mete en una pelea infantil», opina un letrado de la Cámara baja.

La oposición admite que algunas proposiciones implican un aumento del gasto o una disminución de impuestos. Es el caso del impuesto al sol que C’s quería suprimir, medida inaplicable si hay veto. Y sin embargo, esas normas solo afectan al presupuesto en vigor, pero no a iniciativas para ejercicios posteriores.

Por ello, cuando el Gobierno ha bloqueado la proposición de ley de tasas judiciales, el PSOE la ha vuelto a presentar con fecha de 1 de enero. C`s confirma que tiene la intención de hacer lo mismo. Y En Comú Podem ya se ha adelantado con la subida del SMI.