El pleno del Tribunal Constitucional se reúne este lunes para decidir qué medidas adopta ante el nuevo desafío del Parlament. Los magistrados, entre otros asuntos, deberán estudiar la solicitud del Gobierno central de abrir la vía penal contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, por desobedecer al alto tribunal y permitir el debate y posterior aprobación de las conclusiones de la comisión de estudio del 'procés'.
En su recurso contra la resolución del Parlament aprobada con los votos de Junts pel Sí y la CUP, el Ejecutivo solicita que esta sea suspendida con carácter inmediato. También reclama que Forcadell, así como el 'president' Carles Puigdemont y el resto de miembros del Govern, sean apercibidos de que no pueden tomar medidas dirigidas a desarrollar la resolución, al entender que el alto tribunal ya anuló en una sentencia el pasado 2 de diciembre del 2015 ladeclaración soberanista aprobada el 9 de noviembre anterior. En caso contrario, podrían ser multados e incluso suspendidos de sus funciones.
Las medidas que propone el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy se basan en la aplicación del artículo 92 de la ley orgánica que regula el funcionamiento del Constitucional y que fue reformado el año pasado a iniciativa del PP. Según esta reforma, las autoridades e instituciones del Estado están obligados a cumplir los pronunciamientos del alto tribunal.
Asimismo, el Ejecutivo invoca el artículo 161.2 de la Constitución, que determina que la impugnación del Gobierno de una disposición de un órgano de una comunidad aut'noma conlleva su inmediata suspensión durante cinco meses.
El pleno extraordinario del Constitucional ha sido convocado por su presidente, Francisco Javier Pérez de los Cobos, a las 12.30 horas.
