El Gobierno en funciones presentará ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución, otro, para intentar frenar la resolución del Parlamento catalán por haber aprobado las conclusiones del denominado proceso constituyente, que abren una vía unilateral a la independencia. Mariano Rajoy telefoneó ayer a Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias para explicarles sus intenciones, mientras que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se encargó de informar a la prensa, puntualizando que será mañana, en el Consejo de Ministros, cuando se decida el formato bajo el que se recurrirá al alto tribunal, una vez estudiado el informe de la Abogacía del Estado. De fondo, entre populares y socialistas, se estaba cociendo algo más: el aplazamiento de la decisión de otorgar o no grupo propio a CDC en Congreso y Senado.

Así, en ambas Cámaras hicieron una pirueta para evitar que la concesión a los convergentes coincidiera con la jornada en la que se planteaba otro desafío al Estado. La excusa es que ahora hay dudas sobre los criterios en que se basa su exigencia de grupo propio y aún más sobre el cambio de nombre que proponen, ya que no ha sido registrada la denominación de Partit Demócrata Català. Con estos argumentos se han concedido 48 horas más a los afectados para presentar alegaciones. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, quiso desvincular lo ocurrido en Cataluña con el quiebro de la Mesa del Congreso, alegando que es una institución «soberana». Como réplica, Francesc Homs dijo esperar que eso fuera cierto porque las decisiones en este terreno se toman por razones «jurídicas». Xavier Domènech (En Comú Podem) rechazó que CDC mantenga las opciones abiertas para tener grupo cuando la Cámara baja se lo negó a las confluencias de Podemos.

En cuanto a los pasos del Ejecutivo, Santamaría hizo hincapié en que «hay unidad política, voluntad democrática e instrumentos jurídicos suficientes» para hacer frente a la situación y recordó que su jefe había consultado con los líderes de la oposición. Eso sí, desvinculó estas llamadas de la negociación de investidura, que lleva su ritmo.

Por su lado PSOE, Podemos y Ciudadanos evitaron ligar una cosa con la otra, aunque desde Esquerra se recalcó que la oposición a «reconocer el derecho a decidir del pueblo catalán» suele unir a las organizaciones políticas, «con la excepción de Podemos», y auguró que en esta coyuntura también lo hará.

En cuanto a la comparecencia de Sánchez, el socialista consideró que esta decisión «quiebra» a la sociedad catalana y es «un error político» que no favorece el acuerdo. Pidió, además, que se restablezca el diálogo y se renueve el pacto constitucional para «culminar el modelo territorial de acuerdo con el punto de vista federal». Sánchez avisó de que esta será «una de las tareas irrenunciables» del nuevo Gobierno. Desde Ciudadanos se dicen confiados en que el Estado tomará cartas en el asunto y frenará este nuevo desafío. H