Con acta de concejal, pero sin carnet del partido. Los nueve ediles del PP investigados en el caso Taula por blanqueo de capitales asistieron ayer a su primer pleno municipal como independientes tras la decisión de la dirección estatal de suspenderlos cautelarmente de militancia a la espera de que el comité de derechos les escuche y adopte una postura definitiva.

La líder regional, Isabel Bonig, les amenazó por carta certificada a cada uno de ellos con la expulsión si no entregan sus actas en nueve días. A partir del 1 de abril el liderazgo del grupo lo ejercerá Eusebio Monzó, libre de imputación, ya que se incorporó a las listas como independiente en el último momento. "Dios dirá", encomendó Monzó a la divina providencia el futuro de un grupo que ha quedado bajo control de una gestora. Algo que podría empeorar si prospera el órdago de Bonig, los concejales rebeldes no entregan el acta y pasan en bloque al grupo mixto.

En ese ambiente de deserción y agotamiento se desarrolló el pleno. El PP dio la espalda al debate y ablandó el discurso para evitar envites y alusiones. Aun así hubo referencias por parte de algunos ediles de Compromís a "chanchullos" y "mangarrufas" con "explicaciones ante el juez de miembros del PP". Un veneno escaso para un grupo noqueado. Poco importó que el tema fueran los presupuestos, el derecho civil valenciano, el balance de las Fallas o el apoyo a las víctimas del terrorismo.

En un receso, el alcalde, Joan Ribó, analizó "la situación bastante surrealista" de la bancada conservadora, donde "ha cambiado algún detallito para que todo siga igual". Y señaló que el ayuntamiento está pendiente de personarse como acusación popular en el caso. De hecho, una de las primeras medidas anunciadas es la suspensión de empleo y sueldo de la treintena de asesores del PP investigados.