Es un "juicio político". Así respondió ayer el Gobierno catalán al anuncio de la imputación del presidente en funciones, Artur Mas. La portavoz y vicepresidenta, Neus Munté, insistió en que la convocatoria y celebración del proceso participativo del 9-N es perfectamente legal. Y acusó al Gobierno central de estar detrás de una decisión que representa una "anomalía democrática".

El Ejecutivo catalán respondió minutos después de que ERC, y las entidades soberanistas ANC y Omnium anunciasen movilizaciones de apoyo al presidente porque su imputación "no quedará sin respuesta".

También el partido salió en tromba a defender a su líder y acusar al Estado de escoger una fecha para la comparecencia que es el día en el que el presidente Lluís Companys fue fusilado, el 15 de octubre. La exvicepresidenta, la democristiana Joana Ortega, se reafirmó en Twi- tter: "Convencida de que hice lo que era necesario y que lo volvería a hacer".

Munté fue especialmente severa con las apreciaciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien señaló que la imputación no se comunicó antes para no interferir en las elecciones. "Las declaraciones son un ejercicio de cinismo, la presión sobre la fiscalía no ha parado en ningún momento ni durante la campaña electoral, aquí no hay coincidencia ni respeto por ningún periodo electoral, por ninguna fecha. Si fueran sinceros deberían mostrar satisfacción", espetó.

En clave de lectura poselectoral, Munté compareció ante la prensa cuando ya se sabía que la CUP no había variado su criterio de no apoyar la reelección de Mas como presidente de la Generalitat, pese a la imputación. La portavoz defendió con firmeza el criterio de Convergència y de Junts pel Sí. "Desde el Gobierno nos manifestamos con la misma firmeza: el candidato a presidente es el presidente Mas".

En este combate, ayer de nuevo el líder de ERC, Oriol Junqueras, ratificó el nombre de Mas, que es el acordado entre CDC y Esquerra en el pacto que hizo posible la candidatura de Junts pel Sí.

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió de que cualquier ciudadano está sometido al Estado de derecho, mientras que el líder parlamentario del PPC, Xavier García Albiol, instó a Mas a renunciar a la investidura, ya que le considera "deslegitimado" tras su imputación.

Desde el PSC, la secretaria de organización, Assumpta Escarp, aseguró que la imputación es un "error" y "no ayuda" al diálogo, la negociación y el pacto", mientras que la coordinadora nacional de ICV, Dolors Camats, lo consideró un "despropósito más del Gobierno del Partido Popular".