Lo que mal empieza, mal acaba, decía el refrán. Y el caso Rato se ha convertido ya en un culebrón al que pocos jueces quieren hincar el diente. Los magistrados Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, y Antonio Serrano, de los juzgados de plaza de Castilla (Madrid) se pelean para no asumir la investigación del patrimonio de Rodrigo Rato. Un caso que arrancó en abril del 2015 con la detención del que fuera vicepresidente económico del PP en el Gobierno de José María Aznar y que ha pasado ya por las manos de la fiscalía de Madrid y de Anticorrupción.
Las dudas de los jueces no versan sobre la materia a investigar sino que surgen por la dificultad para establecer donde ha delinquido presuntamente Rato, si en España o en el extranjero, si ha corrompido a particulares o si los delitos fiscales que ha cometido suponen un perjuicio para la economía nacional. Por ello, se las pillan con papel de fumar.
El juez Serrano fue el primero en mover ficha el pasado mes de agosto cuando remitió esta causa a la Audiencia Nacional, a petición de Anticorrupción, que con el avance de un informe de la Agencia Tributaria estableció que existen «relevantes indicios de la comisión de diversos delitos fiscales relacionados con blanqueo de capitales que, al menos en parte, habrían tenido lugar fuera del territorio nacional». Con estas conclusiones, la decisión era de libro. Solo la Audiencia Nacional puede investigar los delitos de españoles cometidos en el extranjero.
Sin embargo, una cosa es decirlo y otra probarlo. Y el fiscal que lleva el caso Bankia, Alejandro Luzón, se puso manos a la obra y estableció una serie de hechos para rechazar que esta causa se uniera a la investigación del banco como ya hizo la Audiencia de Madrid cuando eliminó de la lista de delitos el de alzamiento de bienes al no poder acreditar que Rato hubiera montado una trama para dejar de pagar las fianzas civiles impuestas en Bankia y en las tarjetas black de Caja Madrid.
Entramado de empresas
Las operaciones descritas por Luzón revelan un entramado societario destinado a reducir los pagos de Rato al erario público. El exvicepresidente del Gobierno usó sus empresas para recibir transferencias (834.000 euros) a través de cuentas abiertas en España de agencias de publicidad contratadas por Bankia cuando él presidía esta entidad que luego acabaron en Alemania (495.000 euros) donde administraba un hotel.
Además, otra de sus sociedades recibió su salario de consejero de Telefónica de los años 2013 y 2014 (726.000 euros) por los que no tributó en el impuesto de sociedades al declarar su empresa pérdidas, aunque 100.000 euros fueron a parar otra vez a Alemania y a la construcción de un chalet en Cabueñes (Asturias).
Por ello, Andreu rechaza que el delito de blanqueo se haya cometido en su totalidad en el extranjero. Y remite el caso a su colega de Madrid. Si Serrano se mantiene en sus trece mandará la causa al Tribunal Supremo para que sea el alto tribunal el que resuelva este conflicto. Mientras, Serrano deberá tramitar las cuestiones urgentes hasta que Rato sepa qué juez se va a hacer cargo de él. Pueden pasar meses.
