RECURSO RECHAZADO
El PP se sentará finalmente en el banquillo del 'caso Bárcenas'
La Audiencia Nacional lo mantiene como responsable civil subsidiario. El tribunal ratifica la fianza de 1,2 millones de euros impuesta al partido
MARGARITA BATALLAS
La sala penal de la Audiencia Nacional ha confirmado que el Partido Popular se sentará en el banquillo como responsable civil subsidiario por los llamados papeles de Bárcenas al rechazar el recurso presentado por este partido en el que pedía a los togados que anulara esta decisión acordada por el instructor del caso, José de la Mata. El tribunal considera esta solicitud "como una simple manifestación defensiva sin sustrato alguno". Con esta decisión, pues, la sala penal ratifica la fianza de 1,2 millones de euros que impuso el juez a los populares para "garantizar" el abono de las sumas que eventualmente pudieran imponérsele en el juicio oral.
Los magistrados explican al PP que la decisión de De la Mata ha sido adoptada "después de una larga investigación" en la que el juez "ha obtenido cabal conocimiento acerca de la cifra que por responsabilidades civiles pudiera ser condenada". Y que esta cuantía responde a "la perpetración de los graves delitos" que supuestamente han cometido los extesoreros de este partido Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez.
LOS ACUSADOS Asimismo, los jueces rechazan que el PP se encuentre "indefenso" al no poder recurrir la apertura de juicio y explican a la fuerza conservadora que puede reiterar esta petición ante el tribunal que juzgue el caso. En el juicio del caso Bárcenas se sentarán en el banquillo de los acusados los tres políticos y el arquitecto Gonzalo Urquijo, su socia Belén García y una de sus empleadas, Laura Montero, por la obras de remodelación de la sede nacional del PP. El juez De la Mata sostuvo, en su auto de apertura de juicio oral, que este partido ha manejado una caja B durante 18 años que se ha utilizado para pagar sobresueldos y campañas electorales.
También acusó a Luis Bárcenas de haber robado al PP. Y al partido de no haber tributado por los donativos que recibió de empresas que obtuvieron adjudicaciones de la Administración Pública, aunque no se ha podido acreditar que esas donaciones tuvieran relación con los contratos públicos.
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