Pedro Sánchez exhibió ayer firmeza, como el día anterior había hecho Mariano Rajoy, sobre las consecuencias de las elecciones catalanas del próximo 27 de septiembre, en las que CDC y ERC concurrirán bajo la misma lista, junto a dirigentes de las entidades soberanistas y personas no ligadas a la política tradicional, para intentar conseguir la independencia. El líder del PSOE señaló que sea cual sea el resultado de esos comicios no aceptará en ningún caso la secesión. "Bajo ningún concepto aceptaremos la independencia de Cataluña", señaló el jefe de la oposición en una entrevista en Radio Euskadi, poco antes de reunirse en Vitoria con el lendakari Iñigo Urkullu, quien le trasladó que había llegado el momento de "acordar entre todos un nuevo modelo de Estado".

Con muchos matices, ya que socialistas y nacionalistas vascos no tienen la misma visión territorial, Sánchez está de acuerdo con explorar esa vía. El candidato del PSOE a la Moncloa, a quien le interesa tender puentes con el PNV cara a unos hipotéticos pactos tras las generales, ha reactivado a través de un grupo de expertos la propuesta de un cambio de la Carta Magna en sentido federal, y tras la entrevista explicó que compartía con Urkullu la necesidad de "revisar el pacto constitucional".

UN PROBLEMA "ENQUISTADO" Pero la contundencia de Sánchez frente al independentismo --"no me puedo entender con quien ha decidido romper amarras con España", dijo-- no significa que comparta la estrategia del presidente del Gobierno. Al contrario. El líder del PSOE también acusó a Rajoy de "haber enquistado" la relación con Cataluña, y ese es el principal motivo por el que los socialistas rechazan de plano participar, junto al PP y Ciudadanos, en una lista única constitucionalista en las elecciones catalanas para responder al proyecto conjunto suscrito por el presidente catalán, Artur Mas, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

El Gobierno, en cambio, ve con buenas ojos un esfuerzo de este tipo. Poco después de ridiculizar la lista independentista --integrada por "políticos, no políticos y medio pensionistas"--, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, respaldó esa posibilidad al remitirse, ante una pregunta directa, a las declaraciones hechas por "un dirigente autonómico", en referencia a la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, que alentó esta idea hace unos días. Santamaría, por último, avisó de que el Ejecutivo impugnará cualquier "actuación" de la Generalitat y el Parlamento catalán, "contraria a las leyes".