No hubo acusaciones explícitas, pero sí insinuaciones lo suficientemente alarmantes para captar titulares. El diputado del principal partido en la oposición en Venezuela Julio Montoya vinculó ayer de forma indirecta las recomendaciones del número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, al Gobierno de Nicolás Maduro, con la decisión de detener al líder opositor Henrique Capriles.

Montoya se reunió con diputados del PP, el PSOE y UPyD en el Congreso y les explicó que Monedero hizo un discurso para desprestigiar a la oposición en Venezuela con ataques tan agresivos y denigrantes que condujeron al encarcelamiento de Capriles. Según Montoya, Monedero habría hecho esta labor de asesoramiento en materia de comunicación a través de la fundación CEPS. Una colaboración que, afirma, siguió en el 2014, cuando Podemos ya era un partido.

"Yo no puedo demostrar que Podemos esté financiado ilegalmente", aseguró Montoya. Aun así, subrayó el papel de Monedero al frente de CEPS: "Esos documentos, algunas recomendaciones, sirvieron para que el Gobierno justificara la cárcel que hoy muchos dirigentes de la oposición están padeciendo".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, emplazó a ir a los tribunales a quien vea ilegalidad en la financiación del partido. Y recordó que el último en hacerlo fue el seudosindicato Manos Limpias, que "recibió un correctivo muy claro" por parte de la fiscalía del Tribunal Supremo al desestimar la querella.

El diputado del partido Primero Justicia solicitó a los portavoces "ayuda y colaboración" respecto a otros dos asuntos: la investigación a exfuncionarios del Gobierno de Venezuela con cuentas en el Banco de Andorra y el Banco de Madrid "por valor de 4.200 millones de dólares", y las presuntas irregularidades cometidas por empresas españolas que habrían pagado comisiones para lograr contratos.