La Junta Electoral Central (JEC) abrió ayer la puerta de los medios públicos nacionales a Ciudadanos y Podemos cara a las generales de finales de año. Este organismo se ha sentido obligado a adaptar la presencia en las empresas de comunicación públicas a la nueva realidad política de España, donde, en los últimos 12 meses, los partidos encabezados por Albert Rivera y Pablo Iglesias han ganado centenares de miles de apoyos.

Tras contactar con los partidos políticos, la JEC ha decidido colocar el límite en el 5% de los votos válidos emitidos en los últimos procesos electorales, teniendo en cuenta siempre el ámbito territorial del medio de difusión. Según las encuestas conocidas en las últimas semanas, Podemos y Ciudadanos superarán con creces ese 5% en las locales del 24 de mayo, por lo que podrán participar en los debates de las generales.

Antes de las andaluzas, la Junta Electoral Central también tuvo que intervenir para garantizar que RTVE hiciera un hueco a Podemos y UPyD porque, aunque no tenían presencia, habían obtenido relevantes apoyos en las europeas del 2014.

En las elecciones municipales y autonómicas de esta primavera, la organización de Iglesias también tiene la presencia garantizada, ya que superó el 5% en todas las comunidades excepto en Extremadura y en Cataluña. El partido de Rivera, a nivel estatal, consiguió el 3,16% de las papeletas.

DESCONEXIONES Sin embargo, en los comicios del 24 de mayo Ciudadanos solo podrá estar presente en los medios públicos de Cataluña, en cuyo Parlamento autonómico entró en el 2006, y en Andalucía, donde en marzo consiguió nueve diputados. Por ejemplo, si TVE hace un debate de líderes durante la desconexión en Andalucía, el candidato de C's deberá participar.

Hasta ahora, la legislación establecía que, ante unas elecciones, los medios públicos debían cubrir a aquellos partidos que en los anteriores comicios equivalentes hubieran obtenido representación en las instituciones que se iban a renovar.

Por otro lado, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) registró ayer una queja ante la Junta Electoral Central por los obstáculos con que topan los españoles en el exterior para ejercer su derecho a voto. La federación avisó de que si el Gobierno no toma medidas, irá a los tribunales.