La experiencia de gobierno de IU, especialmente en la defensa del estado de bienestar, está en el horizonte de Syriza. Un coordinador regional de la fuerza griega en Ática y asesor del primer ministro, Stavros Karagkounis, se ha unido a los dirigentes de IU-CA en el penúltimo día de campaña para participar en un mitin y conocer las medidas emprendidas por los andaluces en el ejecutivo autónomico, especialmente la ley para la función social de la vivienda, la ley antidesahucios, que fue recurrida parcialmente por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.
Según ha informado IU, el candidato a la presidencia Antonio Maíllo se ha reunido este jueves por la mañana en Córdoba con Karagkounis y la exconsejera andaluza de Fomento Elena Cortes. Karagkounis se ha interesado no solo por la ley de función social de la vivienda, sino también por la propuesta, que finalmente no llegó a prosperar (IU dice que por culpa de los socialistas) del pago de los mínimos vitales de luz y agua.
"La reunión demuestra que la garantía de la política de izquierda está en IU Andalucía", subrayó Maíllo, para quien "hay esperanza en Europa". "El 22-M cogeremos en Andalucía la antorcha prendida en Grecia". El responsable de Syriza, por su parte, ha asegurado que su partido ha aprendido "muchas cosas de la participación de IU en el Gobierno andaluz". "Estamos aquí porque el cambio es posible y es posible que la izquierda gobierne", ha dicho, llamando a hacer una alianza de los pueblos del sur, "no contra los pueblos del norte, sino contra [Angela] Merkel y sus aliados".
RECURSO DEL GOBIERNO
La ley antidesahucios, como era conocida, entró en vigor en el 2013 y permitía a la administración regional expropiar temporalmente a los bancos el uso de las viviendas en caso de riesgo grave de exclusión social de las familias que no podían afrontar esa hipoteca. Cientos de familias solicitaron acogerse a esta medida, aunque solo se empezaron a tramitar una treintena de expedientes de los que se concretaron dos expropiaciones temporales hasta que el Gobierno central recurrió esos artículos de la ley, que siguió adelante solo con la posibilidad de sancionar a los bancos por no ofertar viviendas vacías.
Posteriormente, y mientras se resolvía el contencioso ante el Constitucional, la consejería andaluza de Fomento y Vivienda --en manos de IU-- aprobó una partida de 26 millones de euros para el pago de un alquiler a estas familias en condiciones de emergencia social que estuvieran a punto de perder la casa.
Se trata de la medida más destacada por IU de su paso por el Gobierno, y la reivindican como su legado frente al PSOE, que ha llegado a defender su cuota de paternidad de la ley asegurando que el Gobierno estaba compuesto por dos partidos y que por tanto todas las medidas adoptadas son patrimonio de los dos.
