Mariano Rajoy alardeó el jueves en el Congreso de los Diputados de proponer un "arsenal" de medidas anticorrupción. Sin embargo, entre las 70 iniciativas que desgranó --de las que solo 31 eran nuevas--, el presidente no incluyó algunas propuestas que el Gobierno y el PP sí han blandido a lo largo del último año, a rebufo de los escándalos, pero que por choques internos o por falta de consenso se han quedado en el cajón.
Rajoy propuso por ejemplo que los militantes de los partidos a los que se les abra juicio oral por delitos que supongan la inhabilitación sean suspendidos y expulsados si el procesamiento acaba en una condena. No obstante, a principios de noviembre, en pleno escándalo por los viajes del presidente extremeño José Antonio Monago, el jefe del Ejecutivo central prometió que los altos cargos también serían destituidos directamente si un juez los sentaba en el banquillo. No mencionó ese cortafuegos el pasado jueves, con lo que, si no corrige el rumbo, quedará fuera de las reformas legislativas. Cabe apuntar sin embargo que tanto con el escándalo de las tarjetas black como en el caso Gürtel y la operación Púnica , cuando la presión sobre el Gobierno o las filas populares ha sido asfixiante, representantes de las instituciones bajo sospecha, entre ellos la exministra Ana Mato, sí han sido relegados.
También a principios de noviembre, el vicesecretario de organización del PP, Carlos Floriano, se descolgó con la idea de que los imputados por corrupción no serían incluidos en las listas, una medida que después matizó y que tampoco Rajoy citó en el Congreso dado que no cuenta con un consenso dentro del partido. Y es que, aunque hay dirigentes que reconocen que la única manera de ganar credibilidad es dejando fuera a las personas sobre las que pesa alguna sospecha, más de una docena de alcaldes podrían ser apartados, lo que ha provocado que incluso barones de peso como Alberto Nuñez-Feijóo hayan dejado traslucir públicamente sus reticencias. El PP gallego ha confirmado que optan a la reelección varios regidores sobre los que pesan investigaciones judiciales y otras regiones están a la espera de una orden clara de la sede de la madrileña calle de Génova, 13.
Número de aforados
Otro de los temas que se ha quedado en el tintero es la reducción del número de aforados. El propio presidente se postuló a favor a principios de verano, lo que también trajo consigo discrepancias en sus filas sobre cómo y a quiénes dejar sin esta figura legal. Finalmente, como en algunos casos se requiere retocar la Constitución para llevar a cabo la modificación, algo que Rajoy repele para que no se abra una disputa sobre el modelo de Estado y territorial, esta iniciativa, que cuenta con un respaldo unánime de las fuerzas políticas, no fue ni mencionada.
Por último, el jefe del Ejecutivo también obvió otra medida estrella que blandió con ahínco el pasado julio: la reforma de la ley electoral para propiciar que gobierne el alcalde más votado aunque no goce de mayoría absoluta. Ante el desplome del PP en las encuestas, Rajoy intentó pactar con el PSOE el cambio, pero dada la negativa de los socialistas a cambiar las reglas del juego a pocos meses de las elecciones municipales del próximo mayo, aparcó un cambio bien visto entre los que ostentan el poder territorial del PP y que temen que alianzas de partidos de centro e izquierdas les arrebaten el poder aunque obtengan más votos.
