El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, negaron ayer, en actos distintos, un cisma en la fiscalía por la presentación de la querella contra el presidente Artur Mas, y rebajaron el enfrentamiento a una "discrepancia jurídica", según el jefe del ministerio público. Mientras, hoy está previsto que se presente la anunciada querella contra Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por cuatro delitos.

La fiscal jefe de Barcelona convocó ayer a los medios para leer una declaración, en tono airado, sin permitir preguntas. El Colegio de Periodistas de Cataluña expresó su rechazo por ello. "Supone un desprecio a la profesión periodística", señaló.

Magaldi reconoció que se celebró, a petición de 13 fiscales, una junta de coordinación el miércoles, el mismo día que se reunió la junta de fiscales en Madrid. En Barcelona se analizó el malestar de "muchos fiscales" de Barcelona por los "términos de las informaciones" que habían aparecido acerca de la pugna mantenida por los miembros de la Fiscalía Superior de Cataluña con el fiscal general del Estado.

Magaldi riñó a la prensa y aseguró que expresiones como "fiscales catalanes se rebelan" o "fiscales catalanes se oponen" han creado "una apariencia de actitud insurreccional que en absoluto se corresponde a la realidad". Insistió en que la fiscalía superior, en el marco de sus competencias, adoptó unas decisiones que a ella no le "corresponde en absoluto valorar" y aclaró que el resto de los 389 fiscales que ejercen en Cataluña "no han adoptado ninguna posición" respecto a la querella.

EXAGERACION Torres-Dulce tildó de "exageración" y de falsedad afirmar que en Cataluña haya fiscales "rebeldes o amotinados". Defendió la actuación de José María Romero de Tejada y los otros ocho fiscales disidentes: "Han tomado una decisión jurídica". Su posición la analizó la junta de fiscales de sala y quitó la razón a los catalanes.

Fuentes fiscales desvelan que en la reunión celebrada por la cúpula fiscal no se reprochó a los colegas de Cataluña su actuación. Con un detenido análisis jurídico, se rechazaron sus argumentos porque usaron jurisprudencia incorrecta.