El fiscal general del Estado sostiene que Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau "auspiciaron" el proceso participativo del 9-N dando "soporte material y personal" para su organización mediante una "continuada actividad administrativa". Pone como ejemplos la carta que, con membrete de la Generalitat, envió el Gobierno a los ciudadanos animándoles a votar; las disposiciones "verbales" para que se abrieran centros públicos como puntos de votación y el mantenimiento de la web informativa. Actuaciones que "lesionaron claramente el recto y normal funcionamiento de la Administración".
En cambio, los fiscales catalanes aseguran que "no se ha detectado la emisión de resolución alguna" por parte de la Generalitat que pueda ser considerada un "acto administrativo", y solo constatan ciertos "actos políticos o de gobierno" no constitutivos de prevaricación.
Por este delito, el artículo 404 del Código Penal establece la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años. JOSE RICO
