El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, intentará hoy recabar el máximo de apoyos en la junta de fiscales para presentar la querella contra el presidente catalán y su vicepresidenta, Artur Mas, y Joana Ortega, por un delito de desobediencia después de la negativa de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a presentar la demanda al considerar que la celebración del 9-N no fue constitutiva de delito.

Fuentes fiscales han explicado que el fiscal del Estado quiere presentar la querella para que prevalezca el Estado de derecho y en Cataluña se asuma que se puede aplicar "con normalidad" el Código Penal y no se imponga una sensación de "impunidad" si no se cumple la ley.

Estas fuentes esperan que los 25 miembros de la junta de fiscales de sala (el generalato de la carrera fiscal) apoyen esta tesis y den su respaldo a Torres- Dulce para presentar la querella. En el debate también se examinará la comisión de otras figuras como prevaricación, usurpación de funciones públicas, obstrucción a la justicia y malversación de caudales públicos. Estos delitos aparecen en el escrito remitido por la fiscalía general a la del TSJC y fueron rechazados por los fiscales de Cataluña.

No obstante, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, revela en un escrito enviado ayer a Madrid que ha abierto unas diligencias para investigar la posible comisión de una malversación de caudales. En esta investigación se busca determinar si se ha pagado a las personas que participaron en el proceso participativo.

Los fiscales de sala, que mayoritariamente viven en Madrid por ser la sede de las fiscalías que dirigen, recibieron ayer una copia de los escritos que se han cruzado la fiscalía general y la del TSJC. En ellos, los fiscales catalanes niegan la comisión de un delito de desobediencia porque el Tribunal Constitucional no requirió a Mas la suspensión de la consulta sino que se limitó a firmar una providencia en la que asumía la petición del Gobierno que le reclamó la paralización del 9-N.

En el dictamen también se cuestiona la actuación de la Generalitat a la que acusan de haber recurrido a "argucias legales" y actuar "con absoluta falta de lealtad constitucional".

REACCION DE MAS Desde el Gobierno catalán, sin embargo, no falta quien reconoce que nada sería tan beneficioso para Artur Mas que recibir la querella de la fiscalía general del Estado como organizador del 9-N. Sería su trampolín adicional para la entronización política y mediática como vencedor absoluto del proceso. Otra cosa es lo que toque afirmar en público. "Injerencia inaceptable" fue la expresión del portavoz y consejero de Presidencia, Francesc Homs.

"La sensación que tenemos es que ha habido y sigue habiendo injerencias, de responsables del PP y del Gobierno español, que es evidente que son presiones sobre cómo ha de actuar la fiscalía. Es inaceptable", dijo Homs.

Por contra, el vicesecretario de organización del PP, Carlos Floriano, argumentó ayer en Bruselas que los fiscales catalanes se han negado a presentar una querella contra Mas porque "están contaminados por el ambiente nacionalista que ha generado la Generalitat".