Tras una semana de tiras y aflojas, PP y PSOE cerraron ayer un acuerdo de mínimos para aumentar el control y la transparencia sobre los viajes que realizan los parlamentarios. El pacto, que se transformó en una resolución de la mesa del Congreso que se comenzará a aplicar la semana próxima, arroja luz sobre el sistema opaco y falto de supervisión que ha regido en las Cortes en las últimas tres décadas y que permitió que el Senado pagase al presidente extremeño, Jose Antonio Monago, 32 vuelos de ida y vuelta a Canarias en las pasada legislatura y ahora se han puesto en cuestión. Aún así, algunos grupos minoritarios (IU y UPD) no se sumaron al pacto porque, en su opinión, el mismo trae consigo un "avance" pero "insuficiente".

La resolución acordada, que se pondrá en marcha de forma pareja en el Congreso y en el Senado, da vía libre a que las Cámaras continúen sufragando sin "ningún tipo de censura previa", como reza literalmente la propuesta, la labor que los parlamentarios realicen en cualquier parte de España, incluido su asistencia a mítines. La "supervisión", se introducirá, por tanto, a posteriori, como ya se hace para los desplazamientos en vehículo propio.

El Congreso distinguirá entre tres tipos de viajes. En primer lugar, aquellos que se realizan hasta la circunscripción o residencia habitual u ocasional. El beneficiario solo tendrá que comunicarlo por escrito. Que se incluya la vivienda temporal no es un asunto menor dado el exdiputado del PP por Teruel Carlos Muñoz dimitió por haber viajado también a Canarias durante el tiempo en que mantuvo una relación con Olga María Henao, la que también fue pareja de Monago (quien defiende a capa y espada que sus vuelos fueron "por trabajo"). El grupo parlamentario popular no cree que la actitud de Muñoz fuera reprochable, dado que viajó al lugar donde vivió una temporada, de ahí que se introduzca barra libre también para los billetes cuyo destino sea la vivienda ocasional.

En segundo lugar están los viajes oficiales, que los diputados hacen en representación del Congreso, y que ya están sometidos a la autorización de la mesa de la Cámara. Y, por último, quedan las actividades más conflictivas, aquellas que se realizan de forma genérica por motivos "políticos". Tal como quería el presidente del Congreso, Jesús Posada, serán los grupos y no la institución los que controle dichos desplazamientos. El afectado tendrá que presentar el aval de su partido con carácter previo o dentro de los 15 días siguientes. Si no cuenta con el visto bueno, deberá reembolsar el importe del mismo. Las Cortes publicarán cada tres meses en su web el coste global de los desplazamientos --diferenciando entre los tres tipos de actividades-- pero sin acotar ni entre partidos ni dar una información individualizada por diputado, como han pedido algunos partidos.