El anteproyecto de ley de fundaciones que aprobó ayer el Consejo de Ministros provocó las críticas airadas de las entidades sin ánimo de lucro, que calificaron el texto de "intervencionista" y denunciaron la gran desconfianza que, a su juicio, denota la nueva norma. Entre las novedades del anteproyecto está la creación de un registro único de fundaciones (actualmente hay siete registros, pertenecientes a diferentes ministerios) que dependerá del Ministerio de Justicia. Asimismo, se creará un protectorado único para todo el Estado, al que deberán dirigirse aquellos que quieran crear una fundación para solicitar un informe de idoneidad y viabilidad. El protectorado también aplicará el régimen sancionador que la nueva ley contempla por primera vez. Finalmente, y con el objetivo de luchar contra el fraude, las entidades estarán obligadas a contar con una web en la que deberán publicar sus datos más relevantes sobre actividad, cuentas, cargos y subvenciones.
La Asociación Española de Fundaciones (AEF) consideró en un comunicado que el Gobierno del PP apuesta por un modelo intervencionista, pues lleva a un régimen concesional en el que existe una exigencia de autorización previa de actos y negocios jurídicos por parte del protectorado. Asimismo, la AEF denuncia que la norma "pone de manifiesto una enorme desconfianza hacia el sector" y ejercerá un "control excesivo" sobre las entidades sin ánimo de lucro y recuerda que estas se financian mayoritariamente con fondos privados, pero sirven al interés general en áreas como asistencia social, educación o medio ambiente.
