El acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para intercambio de información en materia fiscal está vigente desde el 14 de enero del 2010 y en el caso de la familia Pujol no se habría activado, aunque sí hay en marcha dos solicitudes de petición de información a Andorra por parte de la Audiencia Nacional y de un juzgado de Barcelona, según han confirmado fuentes cercanas al Gobierno de Andorra.
Antes del 2010, ante la solicitud de cualquier tipo de información a Andorra sobre un ciudadano, el principado solo respondía sobre los que hubieran infringido alguna ley en su propio territorio, lo que dejaba fuera la fiscalidad.
El acuerdo actual permite que el Ministerio de Economía o Hacienda español pida al ministerio de Finanzas de Andorra "información relevante para determinar, liquidar o recaudar impuestos, para el cobro y ejecución de reclamaciones tributarias o la investigación o enjuiciamiento de casos en materia tributaria". Para activar este intercambio se precisa que haya en marcha una investigación en España y que la solicitud a Andorra sea lo más detallada posible incluyendo: la identidad de la persona bajo inspección, el fin tributario, los datos de las personas sospechosas y una declaración que certifique que España ha agotado todos sus medios disponibles en su jurisdicción para obtener la información, entre otros requisitos. La autoridad competente andorrana procede a estudiar la solicitud, pide la información a la banca, y la debe proporcionar en el plazo máximo de seis meses.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio a entender a finales de julio que Pujol
