El juez Pablo Ruz se va a quedar con las ganas de acreditar que los donantes del Partido Popular (PP), en su mayoría constructores, dieron dinero a este partido a cambio de obtener adjudicaciones de obra pública. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no ha podido encontrar "una vinculación directa" entre estos dos hechos porque el periodo analizado, del 2002 al 2009, fueron años de fuerte crecimiento en la construcción que luego bajó drásticamente por la crisis económica. Además, las empresas que ingresaron donativos al partido conservador eran las más importantes del sector.

Estas conclusiones han sido remitidas al magistrado Pablo Ruz que, a su vez, se las ha enviado a la Intervención General del Estado (IGAE), organismo que prepara desde el pasado mes de enero un informe sobre esta supuesta relación. El documento es decisivo para los investigadores porque en el caso de que la Intervención también acredite que no hubo cohecho en los donativos del PP, la causa por los llamados papeles de Bárcenas se limitará a un delito fiscal en el que tampoco sería imputada la fuerza conservadora ni los dirigentes que han reconocido que han cobrado sobresueldos, puesto que la cuantía que percibieron no alcanza los 120.000 euros, el límite legal para cometer este delito.

LOS CONTRATOS PROBADOS La policía ha intentado, sin éxito, establecer una relación entre las donaciones y la adjudicación de obras públicas. Ha tratado de descubrir si había un aumento de ingresos, por ejemplo, durante los periodos electorales. Sin embargo, lo único que ha podido constatar es que las 15 constructoras que donaron al PP lograron contratos por un importe de 7,5 millones de euros.

A la cabeza de estos contratos se colocan FCC, OHL y Sacyr, con más de 10.000 millones de euros. Más de 5.000 millones en contratos públicos obtuvo Sando mientras que en la franja entre esta cuantía y los 1.000 millones se situaron Aldesa, Assignia, Azvi, Bruesa, Rubau y Sorigue.

AVANCE Los peritos adscritos a la Fiscalía Anticorrupción ya concluyeron el pasado mes de marzo que las anotaciones realizadas por Luis Bárcenas de estos donativos no guardan relación con la adjudicación de obras públicas. Estas empresas obtuvieron contratos de todas las administraciones presididas tanto por gobiernos del PP como del PSOE. Se trata de sociedades pertenecientes al sector de la construcción de obra pública o vinculadas al tratamiento de residuos y saneamiento de aguas.