El Consejo de Ministros aprobó finalmente ayer el anteproyecto de reforma de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana pese a las críticas de la oposición y los movimientos sociales que entienden que tras la nueva norma se oculta la voluntad del Ejecutivo de sancionar con dureza las protestas que generan sus políticas de ajustes. El texto que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llevó a la Moncloa se terminó de ajustar el jueves por la noche. Además de la rebaja considerable, respecto a la versión inicial, de las multas para los casos más polémicos, instigada por el Ministerio de Justicia y por el equipo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el texto definitivo presentó una novedad. "Las ofensas a España, las comunidades autónomas, entidades locales y sus símbolos, instituciones y emblemas" serán castigadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros. ¿Qué considera "ofensa" el Gobierno? "Ofensa es lo que es ofensivo", resumió el ministro.

El resto del anteproyecto ha rebajado considerablemente el montante de las sanciones, pero mantiene las multas para aquellas acciones que ya no son tipificadas como faltas en el Código Penal y que pasarán a ser infracciones administrativas. En estos últimos meses de gran contestación social en las calles, Interior comprobó con preocupación cómo los detenidos o denunciados en las protestas eran puestos sistemáticamente en libertad por los jueces. Y esos actos, a criterio de los responsables de Interior, estaban quedando "injustamente" impunes y sin castigo. De ahí la reforma de la conocida como Ley Corcuera de 1992 que acabó provocando la dimisión del ministro del Interior de Felipe González José Luis Corcuera.

TRAMITACION COMPLEJA Fernández Díaz aseguró que, pese a las críticas, la nueva norma, que tras la tramitación parlamentaria el Ejecutivo prevé aprobar en el primer semestre del 2014, dotará a la ciudadanía de "más garantías" para ejercer su derecho a manifestarse. Eso sí, a criterio del ministro, con el nuevo texto se acota el espacio "para los violentos".

En cuanto a las ofensas a España, el ministro explicó que actos como gritar consigas o mostrar pancartas "ofensivas o injuriosas contra España o cualquier comunidad autónoma" en una manifestación se considerarán faltas graves. Pero si esas consignas se gritan en un recinto deportivo --por ejemplo, las pitadas al himno de España que tantas veces han ocurrido--, esa infracción ya está recogida en la ley contra la violencia en el deporte y se castiga con multas de hasta 650.000 euros.

El ministro aceptó descender al terreno de los ejemplos prácticos. Y contó que si en el transcurso de una manifestación autorizada y pacífica se corean gritos independentistas y contra España, ese comportamiento no será considerado falta administrativa.

TASAS PARA RECURRIR Lo cierto es que el ministro logró con cierta astucia desviar la atención del núcleo duro de su reforma, que pasa por castigar con sanciones cualquier manifestación a las puertas del Congreso, halla o no actividad en su interior. O las multas de hasta 30.000 euros para los que logren paralizar un desahucio ante la comitiva judicial. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) calcula que, hasta ahora, se han logrado paralizar 825 desahucios en España. Si la ley de seguridad se aprueba tal y como pretende Interior, todos aquellos que participen y sean identificados y denunciados, podrán ser duramente sancionados.

En cualquier caso, el proceso seguirá los trámites de cualquier denuncia administrativa. El denunciado podrá presentar alegaciones y recursos, hasta que la sanción sea efectiva, como recordaron ayer los responsables del Ministerio del Interior. Y el denunciado siempre tendrá la opción de acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo, y tendrá que pagar las tasas judiciales. El anteproyecto no tipifica los escraches como infracción, pero el legislador ha pensado en ellos en el momento de redactar la ley. Cuando entre en vigor, la policía estará facultada para crear un cordón de seguridad inviolable. De esta manera, será imposible acercarse al objetivo político de la protesta.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue preguntada por el mensaje que lanza el Gobierno a los ciudadanos al aprobar una ley represiva de protestas antes que el paquete anticorrupción prometido hace ya 11 meses. La número dos del Ejecutivo recordó que el jueves se aprobó la ley de transparencia y que los anteproyectos de las medidas anticorrupción serán aprobados en diciembre.