Provocó un importante desconcierto en el seno del Gobierno el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, al autorizar la semana pasada que se explicara a la prensa, en una reunión informativa en su ministerio, los detalles de un proyecto sobre seguridad ciudadana que aún no había pasado el filtro de la comisión de secretarios y subsecretarios de Estado, órgano que preside la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Así, el equipo de Fernández difundió que, gracias a una nueva ley de seguridad ciudadana, aquellos que osasen convocar, dirigir, presidir o participar en manifestaciones ante instituciones del Estado como el Congreso, sin tener autorización y con independencia de que hubiera o no actividad en el interior, estarían cometiendo una falta muy grave y podrían ser objeto de multa de hasta 600.000 euros.

El anuncio provocó numerosas críticas y, según confirmaron ayer fuentes gubernamentales, también una rectificación de última hora: el artículo que se refiere a las protestas ante los parlamentos, al igual que otros, ha sido suavizado respecto a la redacción inicial. El propio titular de Interior terminó ayer por admitirlo. "Esto se ha reconsiderado", dijo, matizando que finalmente se multará a quienes se concentren de forma "ilegal" y "perturben la seguridad", sin mencionar a los organizadores o impulsores. "Solo deben temer los violentos", enfatizó Fernández Díaz.

MULTA SI HAY VIOLENCIA En todo caso, el ministro recalcó que la experiencia de lo sucedido en los últimos meses (en alusión a protestas como la de Rodea el Congreso, convocada otra vez el 14 de diciembre) lleva al Ejecutivo a confirmar que en la nueva ley estarán mencionadas "de forma expresa" instituciones como las Cortes o las asambleas autonómicas por merecer "una especial protección".

Eso sí, tras el repaso que la comisión de secretarios y subsecretarios le ha dado al proyecto de Fernández Díaz, será necesario que haya acción violenta para poder imponer una abultada multa. La apreciación de última hora evitará que se sancione con una cantidad millonaria, por ejemplo, a los preferentistas, algo que con el proyecto original de Fernández Díaz era posible.

Habrá más modificaciones, según las fuentes consultadas, que se traducirán en una rebaja de las sanciones inicialmente previstas para determinadas faltas ligadas a las protestas públicas o a la grabación y difusión de actuaciones policiales.

Se está adaptando además el texto del anteproyecto a toda la legislación vigente y, especialmente, a la jurisprudencia constitucional en asuntos que afectan a derechos fundamentales, a fin de evitar que la ley Fernández pueda ser tumbada en el Alto Tribunal, donde a buen seguro acabará si grupos de la oposición como el PSOE cumplen sus amenazas. Asimismo, se están haciendo desaparecer algunas alusiones al "orden público", una expresión que retrotrae inevitablemente a los tiempos franquistas y que inundaba el primer borrador de la norma.

El ministro pretende llevar al Consejo de Ministros de mañana su nueva ley para recibir el aprobado definitivo e iniciar los trámites parlamentarios pertinentes. Fernández Díaz dijo estar dispuesto a recibir e incorporar sugerencias de mejora de los órganos por los que ahora ha de pasar su iniciativa --Consejo de Estado y poder judicial-- y de los grupos parlamentarios, después de haber aceptado las propuestas de cambio que, según reconoció, le han llegado en estos días desde otros ministerios. "El texto sigue abierto", enfatizó.

TERMOMETRO DE ESCRACHES La nueva ley de seguridad, que sustituirá a la que lleva vigente desde 1992 y que recoge como sanciones algunos asuntos que han salido del Código Penal después de su reciente reforma, seguirá dando de qué hablar. El Gobierno de Mariano Rajoy admite que ha tenido que endulzarla en algunos extremos, pero avisa de que no vaciará de contenido el proyecto por mucha presión política y social que haya.

Mañana se comprobará si la rebaja del texto que se ha hecho a contrarreloj es sustancial o un simple retoques: servirá de termómetro para conocer cómo queda el capítulo dedicado a los escraches y las sanciones para los que los protagonicen.