El Congreso ha aprobado este jueves definintivamente la ley de transparencia y buen gobierno, con el único apoyo del PP y los partidos nacionalistas (PNV y CiU). El PSOE, la Izquierda Plural, UPD y la mayoría del grupo mixto han votado en contra porque, aunque reconocen que la norma ha mejorado en su tramitación parlamentaria --se ha incluido a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, la Casa Real, la Iglesia, el Congreso y el Senado, entre otros--, aún se queda lejos de ser un instrumento útil para "combatir eficazmente la corrupción".

El diputado del PP Ramón Gómez de la Serna ha cargado duramente contra la izquierda y especialmente los socialistas por "votar en contra de la transparencia". El parlamentario conservador ha considerado que hoy es un "buen día para los ciudadanos y el sistema democrático" y un "mal día" para los socialistas porque su negativa a la norma "demuestra su incapacidad de pactar nada". Según los conservadores, el PSOE ha decidido culminar hoy el rechazo a una norma que sí han negociado por "pura táctica de erosión" al Gobierno. "Es un error del que se arrepentirán", ha concluido el portavoz popular.

El 'caso Bárcenas' influye en el rechazo socialista

El ponente del PSOE, José Enrique Serrano, ha reconocido que su grupo se opone a la norma por razones de "contexto", en referencia al 'caso Bárcenas', pero también porque "no es la ley que podría haber sido" si el PP hubiera aceptado sus enmiendas. El socialista ha reconocido que el texto que hoy verá la luz es "mejor" del aprobado por el Gobierno en septiembre del 2012, y en esa mejoría se sienten "partícipes", pero aún así la norma no contempla "cosas imprescindibles para regenerar democracia y combatir la corrupción".

La mayor de los grupos, incluídos los que apoyan la norma, han afeado al Gobierno que la norma mantenga el silencio negativo ("eleva a rango de ley que la administración no conteste al ciudadano", en palabras del diputado de la Izquierda Plural Joan Josep Nuet) y mantenga 13 excepciones por las cuales las instituciones puede negarse a ofrecer información, lo que en función de como se aplique puede convertir la norma en una "ley muerta", según ha advertido el peneuvista Emilio Olabarría. Asimismo han criticado que no se regulen los lobys o que el Consejo de Transparencia al que el ciudadano podrá recurrir no sea independiente.

La enmienda de rondón

Por otra parte, la mayor parte de los grupos de la oposición han criticado al Gobierno por introducir en el Senado una enmienda "de nueve folios" que modifica nada menos que la ley de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El diputado de UPD Carlos Martínez Gorriarán ha reprochado al Ejecutivo que abuse de esta "técnica legislativa discutible", mientras que Olabarría ha advertido que el Tribunal Constitucional podría declarar "inconstitucional" toda la ley por la adicción de esta enmienda.

La moratoria en la entrada en vigor

Una vez que el texto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la parte relativa al llamado buen gobierno, que incrementa los sobre los cargos públicos, entrará en vigor, pero no ocurrirá lo mismo con los capítulos sobre transparencia y acceso a la información.

El proyecto inicial del Gobierno ya preveía una moratoria de un año desde la publicación de la norma para la entrada en vigor del capítulo sobre transparencia, un plazo que se ha ampliado a dos años en el caso de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que no tendrán que cumplir con sus obligaciones hasta diciembre del 2015, cuando ya se hayan celebrado las elecciones locales y autonómicas previstas para la primavera de ese año.