Hace tan solo unos días, el Ministerio del Interior difundió que está trabajando en una polémica ley de seguridad ciudadana que, entre otras cosas, limita el derecho a la manifestación fijando multas millonarias para aquellos que protesten ante instituciones del Estado sin comunicación previa o participen en los llamados escraches. Dicho anteproyecto conllevará otras medidas que buscan garantizar el "orden público". Ayer, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió por segundo día consecutivo esa nueva norma que, a su juicio, terminará contando con un apoyo "muy mayoritario" de los españoles. "Yo estoy muy tranquilo", dijo ante las críticas que está suscitando la iniciativa. Y debe ser cierto que está muy tranquilo porque, lejos de dar un paso atrás, se animó a anunciar que tiene otro proyecto entre manos en pro de la "seguridad", o sea, de esos que gustan especialmente al ala dura de su partido y a un sector determinado de su electorado: la aprobación de una ley de servicios mínimos en caso de convocatoria de huelga.

"Soy partidario de una ley de servicios mínimos para que se cumplan y le he encargado ya al Ministerio de Empleo que se estudie", reveló en una entrevista en RNE. Esta afirmación de Rajoy no es exactamente la que esperaban algunos conservadores que, como los madrileños Esperanza Aguirre, Ignacio González o Ana Botella, llevan tiempo reclamando al Ejecutivo una ley de huelga con todas las letras, pero, al menos, les agradó, a raíz de las declaraciones que hicieron algunos de ellos al conocer las intenciones de su jefe de filas. También el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, salió a aplaudir la regulación de servicios mínimos. "El sentido común no hay que regularlo pero, a veces, no pasa nada por regular el sentido común", dijo.

RECHAZO SINDICAL Apoyo, aunque algo más tibio, recibió también Rajoy desde CiU, que aseguró que "quizá toca" una ley de servicios mínimos, siempre que esté pactada con sindicatos y autonomías. Menos complacientes fueron los grupos de la izquierda, que alertaron contra el "recorte" de derechos fundamentales.

Como era de esperar, los agentes sociales recibieron la noticia con división de opiniones: en nombre de la patronal, respaldó el proyecto su vicepresidente, Arturo Fernández, mientras que los sindicatos encendieron todas las alarmas ante lo anunciado. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, situó el proyecto de regular los servicios mínimos en la "obsesión" de Rajoy por "controlar" los derechos fundamentales. "Legislar a golpe de calentones y jaleado por los sectores ultra del Partido Popular no es la mejor manera de buscar acuerdo".