Salió ayer Mariano Rajoy a los pasillos del Congreso con intención de hacer un escueto y optimista balance de sus dos años de legislatura. No obstante, la insistencia de los periodistas le obligó a pronunciarse sobre uno de las polémicas iniciativas que el Gobierno tiene sobre la mesa en estos momentos: el proyecto de ley de seguridad ciudadana y sus abultadísimas sanciones para ciertas concentraciones ante las instituciones y escraches. "¿Será esta ley una mordaza para los ciudadanos?", se le preguntó al jefe del Ejecutivo. "¡En absoluto!", respondió un Rajoy que se vio obligado a defender la iniciativa de su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

"Una de las obligaciones del Gobierno es garantizar la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos y no es una pretensión distinta la que tiene esta ley", enfatizó el presidente, quien, en todo caso, recordó que el anteproyecto de ley deberá pasar los trámites pertinentes en los órganos consultivos y, después, llegará a las Cortes, donde podrá ser enmendado por el resto de grupos. Es obvio que la posibilidad de modificarlo en el trámite parlamentario dependerá de la voluntad del PP, que goza de mayoría absoluta. A tenor de lo visto y escuchado ayer en el hemiciclo, durante la sesión de control, la oposición reclamará tumbar buena parte de la propuesta.

"PARADOS CALLADITOS" Uno de los primeros en sacar a colación la ley de seguridad ciudadana o la "ley mordaza", como ya se la empieza a llamar pese a no haber pasado aún ni por Consejo de Ministros, fue el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que afeó a Rajoy que haya pasado el ecuador de la legislatura sin haber logrado disminuir el número de parados y que, "encima", los quiera "calladitos, amordazados, no vaya a ser que le recuerden sus promesas incumplidas", dijo.

Los socialistas ya han anunciado que están dispuestos a ir al Constitucional si no se rebaja el anteproyecto. Desde IU se apoya esta senda y se añade la ley de seguridad a los proyectos legislativos que se derogarían en caso de que, en la próxima legislatura, haya un gobierno progresista del que forme parte. El diputado de ICV, Joan Coscubiela, avisó de que esta podría ser la "ley de la patada en la boca de la democracia", mientras que Unión Progreso y Democracia se desmarcó del proyecto.