La ya bautizada como ley Fernández o ley Anti 15-M todavía no ha superado la fase de anteproyecto, ni siquiera ha llegado al Consejo de Ministros, pero ya se ha ganado el rechazo contundente y generalizado de toda la oposición y de los movimientos sociales. Las críticas llegaron ni 24 horas después de que se conocieran los elementos más polémicos de una ley que pretende acabar con la impunidad de algunas conductas que, pese a los intentos del Gobierno, no han merecido ningún reproche penal por parte de los jueces.

Los socialistas desplegaron toda su artillería y, desde su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, hasta diputados como Eduardo Madina o Elena Valenciano criticaron duramente un proyecto que calificaron de anticonstitucional. Para el PSOE, la única voluntad del Ejecutivo central es "meter miedo en la calle" con el fin de silenciar las protestas.

Ese sentir fue coincidente con las manifestaciones del diputado de IU Gaspar Llamazares, quien criticó a Interior por haber consultado solo con policías y guardias civiles el articulado del anteproyecto. El Gobierno sabe que los dos próximos años serán de una gran "conflictividad" en las calles y "lo único que pretende es penalizar esas protestas asustando a la gente para que no salga a las calles", advirtió. Y llamó a la desobediencia civil. "Esa ley no debe cumplirse", dijo.

La norma, que el ministro Jorge Fernández Díaz quiere aprobar el viernes en el Consejo de Ministros, conlleva castigos de tipo administrativo para quienes participen en un escrache, se manifiesten sin permiso ante el Congreso, quemen contenedores o insulten a un policía, entre otras infracciones administrativas. Si se aprueba en los términos que pretende Interior, concentrarse o reunirse sin permiso ante las Cortes o cualquier organismo gubernamental será una infracción muy grave sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros.

¿Qué quiere decir reunirse? ¿Lo hacen más de tres personas? ¿Más de cuatro? ¿Se puede estar ante el Congreso de los Diputados con pancartas?

Fuentes del ministerio insistieron ayer en el carácter de borrador del texto y subrayaron que la nueva ley no invade ningún derecho fundamental. Es más, según Interior "se garantizará como nunca el derecho a la huelga", siempre que esta sea comunicada y autorizada. El reglamento serán debatidos hoy en la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios.