El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha admitido este miércoles en el juicio que se celebra contra él por presunta xenofobia que es posible que utilizara algunas palabras o expresiones "inadecuadas" e "inapropiadas" en las declaraciones que hizo a medios de comunicación tras el polémico reparto de folletos en los que se vinculaba al colectivo de gitanos rumanos con la delincuencia.

Durante la vista, el fiscal le ha ido recordando alguna de esas frases que pronunció en aquel momento. El 25 de abril del 2010 dijo a una radio: "Le tengo que decir que el colectivo rumano gitano se ha instalado en nuestra ciudad a delinquir y a robar". El edil ha sostenido que lo que quería trasmitir entonces eran los problemas que sufrían en esos momentos los ciudadanos de Badalona. Durante su declaración, el regidor popular ha estado arropado por la presidenta del partido, Alicia Sánchez-Camacho, que ha llegado alrededor de las 11 de la mañana a la Ciutat de la Justícia (después de asistir a la sesión de control al Govern en el Parlament), para dar su apoyo al alcalde.

El interrogatorio del fiscal Miguel Ángel Aguilar a García Albiol ha sido tenso, hasta el punto de que el juez que debe dictar sentencia les ha tenido que advertir: "Esto es un juicio, no un debate político". Y es que ese ha sido el tono que ha utilizado en más de una ocasión el alcalde de Badalona, que cuando se repartieron los folletos supuestamente xenófobos en abril del 2010 era concejal y presidente del grupo municipal del PP en la localidad. El imputado, que se enfrenta a una petición de un año de prisión y una multa de 8.100 euros, ha explicado que en esos folletos se recogieron fotografías enviadas por los vecinos y reproducidas por la prensa. Su intención, ha afirmado, era transmitir determinadas problemáticas que existían en algunos barrios de la ciudad, como el incivismo, la inseguridad y los conflictos de convivencia. "Hice uso de un derecho democrático de poder comunicar y presentar nuestra alternativa política", ha agregado el edil, negando la acusación de incitación a la discriminación, el odio o la violencia.

Intención "desenfocada"

El ahora alcalde ha explicado que de los 15.000 folletos que se editaron solo se repartieron unos 800 0 1.000 el 24 de abril del 2010 en el mercadillo del barrio de la Salut, pero que, tras la polémica suscitada por el contenido de esos panfletos, dio la instrucción de parar su distribución. "En vez de haber abierto un debate sobre la problemática de la ciudad, se desenfocó la intencionalidad de este documento y se centro todo en si era xenófobo o no", ha relatado. "No había ninguna intencionalidad de menospreciar a nadie, simplemente de explicar los problemas y plantear nuestras alternativas", ha insistido.

"El político tiene dos opciones cuando está en la oposición: vivir bien y esperar a meses antes de las elecciones u otros, como yo, que cumplen con la obligación de estar constantemente en la calle y en contacto con los vecinos", ha dicho. El fiscal ha insistido en la razón que motivó que se incluyeran en el folleto fotografías relacionadas con el colectivo rumano y el alcalde ha repetido una y otra vez que fueron las que enviaron los vecinos o las publicadas por algunos medios de comunicación. Y ha repetido: "Se pusieron esas fotos por los diferentes conflictos que hay en la ciudad". Ha agregado, sin embargo, que "hay unos datos objetivos" que apuntan a que determinados actos incívicos y de inseguridad están vinculados a esa comunidad. Y ha puesto como ejemplo declaraciones realizadas por el que entonces era teniente de alcalde socialista en la localidad e, incluso, por el entonces 'conseller' de Interior Felip Puig. "Nadie puede dudar de mi compromiso democrático y espíritu de igualdad", ha agregado.

El alcalde ha reconocido que sus declaraciones posteriores al reparto del polémico folleto las hizo en base a esos datos, pero también a su "experiencia pisando la calle", algo que, ha añadido, le da un "un conocimiento sobre la problemática" que tiene la ciudad. Y ha detallado cómo algunos vecinos de su ciudad tienen que aguantar que en un piso vivan 25 personas, "que la basura la tiren por la escalera o el aceite por la ventana".

Durante su turno, el abogado defensor, Cristóbal Martell, no ha hecho ninguna pregunta al alcalde. Ha dicho que "no hacía falta".

El árbol o el bosque

Durante la lectura de su escrito de conclusiones, el fiscal Miguel Ángel Aguilar ha querido dejar claro que no se está acusando a unas "ideas políticas, ni a ningún partido político", sino una conducta concreta del alcalde de Badalona. "Siempre he actuado bajo una absoluta y rabiosa imparcialidad e independencia", ha detallado, a la vez que ha advertido que lo que se debate es si se quiere ver "el árbol o el bosque".

El fiscal ha hecho un somero repaso de los tratados internacionales sobre la lucha contra el racismo y la legislación española, con la intención de poner en un contexto amplio la actuación de Garcia Albiol a la hora de repartir los folletos y hacer determinadas declaraciones públicas. Ha afirmado que las manifestaciones que hizo en su día el edil tienen un efecto "perverso" sobre todo el colectivo de rumanos gitanos, por su generalización. "Detrás de todo esto hay sufrimiento de personas que se ven discriminadas porque se dice que todos son delincuentes", ha recalcado. Y ha insistido en que García Albiol hizo esas declaraciones sin tener cifras oficiales y, por lo tanto, "era un eslogan para conseguir réditos electorales" que, además, no puede considerarse un "desliz", ya que las repitió en varias ocasiones.

La acusación pública ha asegurado que ser político, aun actuando durante una campaña electoral, no es un atenuante porque "puedes envenenar e incendiar a la población", a la vez que ha subrayado que la libertad de "expresión tiene un límite". Ha agregado que la interpretación sobre los folletos repartidos en Badalona por el PPC son las declaraciones posteriores de Albiol menospreciando a los gitanos rumanos, "un colectivo muy vulnerable que no vota y es un chivo expiatorio fácil".

El abogado de SOS Racisme, Oscar Vicario, que ejerce la acusación popular, ha incidido Garcia Albiol "criminalizó" y "menospreció" al colectivo de gitanos rumanos y ha hecho alusión a que "el fin no justifica los medios" y "no se puede llegar al poder cometiendo un delito de injuria colectiva".

El abogado de ha reclamado la absolución del alcalde de Badalona y ha asegurado que el folleto que se repartió estaba compuesto solo por "fotos heterogéneas y problemas heterogeneos". Ha recalcado que las posteriores declaraciones a los medios de comunicación se centran en esos problemas en la ciudad y no pretenden incitar al odio y a la discriminación.

En el último de palabra, el alcalde aseguró que tras de sí hay una trayectoria política y personal que "con toda humildad" le avalan como una personas que se dedica a su ciudad y a las personas que viven en ella y los más desfavorecidos. Incluso ha dicho que su equipo de gobierno trabaja para la integración de la población inmigrantes dentro de la "legalidad y los principios democráticos".

Dos protestas a las puertas del juzgado

A la entrada de los juzgados se han concentrado dos grupos, uno en contra y otro a favor del alcalde, separados por los Mossos d'Esquadra para evitar altercados. Por un lado, un centenar de personas convocadas por la asociación Àgora Ciutadana Badalona, entre los que había una treintena de miembros de SOS Racisme (la entidad que presentó la denuncia) han recibido a Albiol entre pitidos, gritos de "racista" y "fascista", y con pancartas contra la xenofobia y la corrupción. En frente, se han situado unos 150 vecinos de Badalona llegados en autocares con carteles a favor del dirigente popular ('Alcalde, estamos contigo', 'Queremos vivir en paz, Albiol no te rindas').

Albiol ha llegado hacia las 9.40 horas junto al secretario del PP de Barcelona, Jordi Cornet; el líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, y varios miembros de su equipo de gobierno. En declaraciones a los periodistas, Albiol ha asegurado que tiene la conciencia "muy tranquila" y ha calificado de "tremenda injusticia" que se le juzgue por "ayudar y defender a los vecinos de Badalona que lo pasan mal ante la inseguridad, el incivismo y los problema s de convivencia".

Acusaciones "sólidas"

Un auto de la titular del juzgado de instrucción 2 de Badalona, que investigó el caso, considera "sólidas y consistentes las acusaciones formuladas" por la fiscalía y la acusación particular -SOS Racisme Catalunya- que atribuyen a Albiol un delito de provocación al odio, a la discriminación o a la violencia, por el que solicitan para el ahora alcalde un año de cárcel.

Los dípticos que los populares repartieron por los barrios de Llefià, Sant Roc y La Salut de Badalona el 24 de abril del 2010 -año anterior a las elecciones municipales- contenían fotografías de gitanos rumanos acompañados de lemas como 'inseguridad', 'delincuencia' y 'vandalismo', y la imagen de una pintada con el mensaje 'no queremos rumanos'.

En las semanas posteriores al reparto de los folletos, Albiol continuó promocionando el mismo discurso en diferentes medios de comunicación y actos, como por ejemplo en una butifarrada popular en la plaza de Trafalgar el 19 de septiembre. En ese acto al que asistieron más de 800 personas, la mayoría ancianos, Albiol dijo: "Aquí no tenemos campamentos de gitanos como en Francia, aquí la situación es aún peor, están repartidos por los barrios de la ciudad haciendo la vida imposible a los vecinos y, encima, cuando nos quejamos nos atacan y nos tachan de racistas", recoge el escrito que SOS Racisme remitió al juez.

Caso reabierto

La Audiencia de Barcelona había obligado a mediados de septiembre del 2012 al juzgado de instrucción 2 de Badalona a reabrir la causa al concluir que estas expresiones representan objetivamente un ataque a la dignidad personal y al honor de todos lo miembros del colectivo de gitanos rumanos y pueden contener un "mensaje claramente incitador a la discriminación y al odio".

Esta decisión echó por tierra la decisión del juzgado de instrucción que lo había archivado al considerar únicamente como excesos verbales algunas de las declaraciones del alcalde, apelando a la libertad y al derecho del político de "expresar políticas de inmigración alternativas a la vigente".