Se celebró ayer el Aberri Eguna, el Día de la Patria Vasca, tras dos años y medio del anuncio de ETA del "cese definitivo de la actividad armada" y en un contexto en el que el Gobierno está defendiendo la llamada doctrina Parot tras ser cuestionada por el Tribunal de Estrasburgo. El Ejecutivo ha frenado los beneficios penitenciarios a los presos etarras más comprometidos con el proceso de paz pero con delitos graves a sus espaldas. La doctrina Parot obliga a los presos a cumplir íntegramente sus penas hasta un máximo de 40 años de prisión, ya que los beneficios penitenciarios se descuentan sobre el total de años que fijan las condenas y no sobre el máximo de 30 del Código Penal de 1973.

Y es que para lograr el fin de ETA quedan aún muchas cosas pendientes: la disolución de la organización terrorista y la entrega de las armas. Pero también el cambio de la política penitenciaria, con el acercamiento de los presos etarras a cárceles vascas y la concesión sin disimulos de terceros grados, que están previstos en las leyes españolas.

PENDIENTE La cúpula etarra, enrocada en la exigencia de una negociación con el Gobierno, desatiende el ultimátum de la Comisión de Verificación Internacional, que coordina Ram Manikkalingam, y no responde siquiera a la expulsión de Noruega de Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera y otros dos jefes de ETA que, según distintas fuentes, estaría motivada por la negativa de los etarras a mover ficha en el desarme, reconocimiento del daño causado a las víctimas y asunción de la reinserción individual de presos, pero también por la falta de interés del PP de participar en las recientes y fracasadas negociaciones de Oslo.

De hecho, según fuentes del entorno de Rajoy consultadas por este diario, tanto el Gobierno como el partido han recibido desde las últimas generales "numerosos recados" de los llamados verificadores, a los que "siempre" se ha respondido defendiendo la disolución de la banda y negando que España necesite ayuda internacional.

Junto a los recientes comunicados de ETA, ha sido también noticia en los últimos días la negativa de Interior a la concesión del tercer grado a tres históricos etarras, Iñaki Recarte Ibarra, Kepa Pikabea Ugalde y Aitor Bores Gutiérrez, a pesar de que cumplen los requisitos establecidos por el Gobierno de Zapatero; se han desvinculado de ETA; han pedido perdón y se han comprometido a pagar la responsabilidad civil a sus víctimas.

Pero según fuentes populares, el parón es "técnico": los tres terroristas tienen a sus espaldas delitos "demasiado serios" para ser premiados con el tercer grado, especialmente en un momento en que el Ejecutivo español, a través de los abogados del Estado, trata de convencer a Estrasburgo de que no derogue la doctrina Parot , alegando que la acumulación de crímenes muy graves merece endurecer penas.

Según las fuentes consultadas, el Ejecutivo no tiene intención de bloquear la vía Nanclares, sino de "potenciarla en breve", desde el convencimiento de que ETA cederá y permitirá que sus presos se acojan a soluciones individuales sin esperar "soluciones colectivas que no llegarán".

En tanto, muchas cosas han cambiado en Euskadi. La extorsión y la kale borroka son ya pasado. La izquierda aberzale está en las instituciones y ha constituido su nuevo partido legal, Sortu. En las calles se respira un nuevo aire de libertad, sin escoltas y sin miedo. Todos estos elementos hacen impensable una marcha atrás.