Los detectives privados son conscientes de que la imagen de la profesión se ha deteriorado a raíz del caso de Método 3, que ha llevado al Gobierno a proponer un mayor control sobre la actividad de estos profesionales.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha indicado que su departamento prepara una nueva ley de seguridad privada (la actual data de 1992) que, entre otras cosas, prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad de los investigados e impondrá "cautelas" a la actividad de los detectives. Fuentes de Interior consideran que la nueva normativa podría estar lista en los próximos meses y recogerá un catálogo de normas que deberán seguir los detectives, cuyo incumplimiento puede ser sancionado con la retirada de la autorización para ejercer la profesión.

Pese a que aún no se conocen más detalles del proyecto, el primer esbozo no ha sido bien recibido por el colectivo, como explican a Efe tres detectives, que atribuyen la decisión de Interior al hecho de que algunos políticos estén siendo objeto de investigaciones encargadas por sus rivales. "Los políticos pueden ser investigados como cualquier otra persona, porque no importa qué se investigue mientras que el que te contrate esté legitimado para ello. Otra cosa es que hagas una investigación lícita y luego vendas el dossier. Eso no es legal", indica Eduardo Navasquillo, presidente de la Sociedad Española para el Desarrollo de la Investigación Privada.