Por un lado, vigilar las entidades de gestión de derechos de autor con el claro objetivo de impedir que ocurran casos como el presunto desvío de fondos en la SGAE que provocó en el 2011 la caída del hasta entonces todopoderoso Teddy Bautista. Por otro lado, redoblar los esfuerzos para perseguir a los piratas digitales. Estos son los dos vértices de la ambiciosa reforma legislativa de la propiedad intelectual que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. El texto inicia ahora un farragoso trámite dentro y fuera del Parlamento, así que no veremos su ratificación definitiva hasta finales de año.

Respecto a las entidades de gestión, la nueva norma pretende instalar en ellas la transparencia. A partir de ahora, sociedades como la SGAE deberán cumplir un catálogo de obligaciones, que incluirá difundir las tarifas que cobran por usar su repertorio así como el procedimiento de reparto entre los autores. “El objetivo es que todos sus clientes sepan qué pagan y por qué lo pagan”, según fuentes de Cultura. Además, para evitar el faraónico proyecto de teatros creado por Teddy Bautista (Arteria), las entidades necesitarán una autorización administrativa previa para crear sociedades mercantiles o fundaciones. Si las entidades incumplen sus obligaciones, el Gobierno estará autorizado para interponer una multa que, en el peor de los casos, alcanzaría el 2% de la recaudación del año anterior.

La ambiciosa reforma aprobada hoy no solo toca las entidades de gestión sino que supone redoblar los esfuerzos para perseguir el consumo ilegal en internet de productos culturales protegidos por los derechos de autor. Es decir, el Gobierno inicia así una represión contra los piratas digitales. Para ello, lo primero que hace es modificar la ley de enjuiciamiento civil para poder identificar mejor (algo que ahora es realmente costoso) a aquellos que permiten o ponen a disposición de los usuarios películas, discos o videojuegos protegidos por los derechos de autor. Según se puede entender (porque no está así escrito directamente) el objetivo del Ejecutivo es poder ir contra las páginas de enlace. En ese sentido, la comisión de propiedad intelectual (creada con la 'ley Sinde') estará facultada para pedir “la colaboración de los intermediarios” de cara a luchar contra la piratería. Dicho de otra forma, si alguna empresa se anuncia en este tipo de páginas, el Gobierno puede advertirle de lo que está haciendo e, incluso, “forzar la prohibición de incluir publicidad” en dicha web, según ha explicado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. La reforma legislativa incluye sanciones económicas para las páginas reincidentes que van desde los 30.000 a los 3000.000 euros

La reforma no acaba aquí sino que también incluye una revisión del concepto de copia privada. A partir de ahora, ese concepto no incluirá las copias que los usuarios pueden realizar de la mano de intercambio de archivos (redes P2P, Peer to Peer), lo cual lleva a pensar que la reforma legislativa quizá podría considerar ilegal el hecho de consumir productos culturales a través de, por ejemplo, el eMule.