La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dejó ayer visto para sentencia el caso de la miembro de ETA Inés del Río Prada y la aplicación de la doctrina Parot, tras escuchar a las partes en la vista celebrada durante dos horas.
El representante del Gobierno español, Isaac Salama, centró buena parte de sus argumentos en los efectos que tendría el fin de la doctrina Parot, y aseguró que "supondría la puesta en libertad de terroristas y violadores", que saldrían "sin cumplir sus penas y sin rehabilitar". En concreto, serían 54 terroristas de ETA, 7 del Grapo, 1 del GAL y 14 presos comunes, uno condenado por 74 violaciones, según se enumeró durante la vista.
Inés del Río (Tafalla, 1958) fue condenada a más de 3.000 años de cárcel, la mayoría por participar en 1986 en el atentado contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza madrileña de la República Dominicana, en el que fallecieron 14 miembros de la Benemérita.
El agente del Gobierno, Francisco Sanz, añadió que, para aplicar beneficios penitenciarios, el recluso debe arrepentirse y pedir perdón a las víctimas, "cosas que no ha hecho la demandante". Salama explicó a los 17 magistrados que componen la Gran Sala de la Corte europea que un asesinato no puede tener el mismo tratamiento penitenciario que 200 y añadió que ese es el espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo de 2006 por la que se aplica la doctrina Parot.
Según esa doctrina, "la ejecución de la totalidad de la condena (...) comenzará con las penas más graves" y los beneficios penitenciarios "serán aplicados para cada una" de las penas, individual y sucesivamente, hasta el límite legal. Salama pidió al Tribunal de Estrasburgo que revocara la sentencia de sala del pasado año que falló a favor de Del Río, porque esa sentencia "no respetó el margen de apreciación" nacional y el derecho del Tribunal Supremo de "corregir una interpretación errónea".
ABOGADOS BRITANICOS Los abogados británicos de Del Río defendieron la sentencia de sala y pidieron que "el caso no tenga referencias políticas ni de terrorismo, sino de aplicación del Estado de derecho", después de la "privación arbitraria de la libertad de la demandante".
A la vista acudieron como público la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Angeles Pedraza, así como la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, y el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
También estuvo presente una delegación de EH Bildu, compuesta por los diputados Xabier Mikel Errekondo, Jon Iñarritu y Rafael Larreina; los parlamentarios navarros Bakartxo Ruiz y Maiorga Ramírez; y el parlamentario vasco Oskar Mature.
Los representantes de las víctimas entregaron en la sede de la Corte europea las 10.000 firmas que han recogido en España a favor de la aplicación de la doctrina Parot.
