El Consejo de Ministros, con Mariano Rajoy al frente, tendrá hoy sobre la mesa el dictamen del Consejo de Estado sobre la declaración soberanista aprobada por el Parlamento catalán. El informe de este órgano consultivo coincide con el de la Abogacía del Estado y asegura que ve fundamentos jurídicos suficientes para presentar un recurso contra el texto, que define a Cataluña como "sujeto político y jurídico soberano".

Fuentes de la Moncloa recordaron que este dictamen no es vinculante y que el Gobierno no tiene por qué tomar la decisión de recurrir la declaración hoy mismo. El ministro José Manuel García-Margallo no perdió un minuto y al conocer la noticia en los pasillos del Congreso celebró la conclusión del órgano presidido por Romay Beccaría.

CAMBIO DE OPINION A la espera de lo que decida el Gobierno, lo cierto es que el Ejecutivo ha ido modificado su punto de vista, ya que empezó desdeñando el contenido de la declaración soberanista al no atribuirle ningún valor jurídico. Pero al ver que su posición despertó algunos recelos en dirigentes del PP que no entendían la pasividad de Rajoy ante lo que consideraban una nueva afrenta de los independentistas, la Moncloa viró y pidió entonces un informe a la Abogacía del Estado. Ese órgano señaló que el texto vulneraba varios artículos de la Constitución.

Si el Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional y pide la suspensión de la declaración, ésta quedará de manera automática sin efecto durante cinco meses, un mazazo para los planes de Artur Mas.

El portavoz del Govern , Francesc Homs, advirtió de que si el Ejecutivo recurre ante el tribunal la Generalitat se personará. "No harán callar la voluntad del pueblo de Cataluña", declaró. A su juicio, Rajoy está preocupado por "la estética y la gesticulación" y usa "de forma incorrecta las instituciones para escapar del debate". Homs mostró su extrañeza por no entender las razones de la impugnación, por haberse aprobado varias resoluciones "similares".