El Congreso de los Diputados debatirá y votará en su próximo pleno una moción de UPyD que pide una reforma del Código Penal para introducir como un delito específico la financiación ilegal de los partidos y el enriquecimiento injusto de los cargos públicos.
La moción que UPyD ha registrado en el Congreso es consecuencia de la interpelación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que se debatió el pasado miércoles en la Cámara Baja, y plantea las reformas legales que el partido de Rosa Díez considera necesarias para prevenir, perseguir y sancionar de forma eficaz la corrupción política.
En su exposición de motivos, UPyD denuncia que los casos de corrupción, "lejos de disminuir, no han hecho sino aumentar" y "están generando una profunda desafección y desconfianza de la ciudadanía hacia el propio sistema democrático y los partidos políticos".
Ante los recientes escándalos de financiación ilegal que han salpicado a distintos partidos, UPyD recuerda que no existe en el ordenamiento un delito específico que castigue esta conducta, ni tampoco un tratamiento homogéneo de la corrupción política, lo que a su juicio supone una "dificultad insalvable" para acreditar el hecho delictivo.
Por ello, pide que se introduzcan en el Código Penal como delitos específicos la financiación ilegal de partidos, tanto la ordinaria como la electoral, y el enriquecimiento ilícito o injusto de los políticos que se sustentaría en un incremento desproporcionado de su patrimonio en relación con sus ingresos.
Asimismo, UPyD entiende que es necesaria "urgentemente una profunda mejora" de la figura del indulto que, a su juicio, en algunos casos no se concede por razones de justicia, equidad o utilidad pública, sino por "inconfesables motivos que nada tienen que ver con su verdadera finalidad".
Para acabar con esa "imagen de absoluta arbitrariedad" el partido de Rosa Díez propone que una reforma legal para incluir la obligación del Gobierno de motivar las razones que justifican el indulto y, si se acuerda contra la opinión desfavorable de la Fiscalía o del tribunal sentenciador, incluir las razones por las que se ha decidido apartarse de dichos criterios.
Además, pide que se establezca la posibilidad legal de recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativo la concesión del indulto.
