Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere medir la voluntad del Gobierno de luchar contra la corrupción y el próximo miércoles, en la sesión de control programada en el Pleno del Congreso, le pedirá que dé el paso de tipificar como delito el enriquecimiento ilícito de los políticos y la financiación ilegal de los partidos.

La formación magenta recuerda que en octubre de 2012, en una interpelación anterior al Gobierno sobre reformas legales contra la corrupción, promovió la aprobación de una moción, pactada con el PP, para acometer "las reformas legales necesarias que posibiliten que los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos públicos".

También logró, a través de una enmienda aceptada por el PP en la reforma del Código Penal en materia de fraude, que los partidos políticos y los sindicatos dejasen de estar exentos de responsabilidad penal, equiparándose al resto de las personas jurídicas.

Aunque fue "un paso importante", UPyD sostiene que esa reforma penal no es suficiente pues "la situación de impunidad permanece, como lo demuestra los actuales escándalos de financiación ilegal que afectan a diversos partidos y la existencia de numerosos cargos públicos, actuales o pasados, con un patrimonio y un nivel de vida que son difícilmente justificables con sus retribuciones oficiales".

La alarma social no para de crecer

Para UPyD, en estos últimos meses "la alarma social" no ha hecho más que crecer y la clase política "es más corrupta", a la vista de los casos que aparecen en la prensa, lo que genera "una profunda desafección y desconfianza de la ciudadanía hacia el propio sistema democrático y hacia los propios partidos políticos, a los que se acusa de permisividad, cuando no de complicidad con la corrupción política".

Como "es mucho lo que lo que está en peligro", el partido que encabeza Rosa Díez cree "urgente adoptar medidas contundentes y decisivas!". "Ya ha pasado la hora de las declaraciones de principios o de los acuerdos partidistas, debiendo acometerse profundas reformas legales que sirvan para combatir eficazmente esta lacra, que pone en cuestión el propio Estado de Derecho y lastra seriamente nuestra economía", sostienen.

De entrada, echan en falta en nuestro ordenamiento "un delito que castigue la financiación ilegal por parte de los partidos políticos, sin perjuicio de que la financiación ilegal pueda ser el resultado de ciertas prácticas irregulares sancionables administrativamente". Tampoco hay un tratamiento sistemático y homogéneo de la corrupción política, encontrándose una diversidad, poco uniforme, de conductas.

Por lo tanto, lo que proponen es "la tipificación de un delito específico de financiación irregular, aplicable tanto a la ordinaria como a la electoral, en el que incurrirían los propios partidos políticos a título de autor directo, en el caso de que se descubran bienes, fondos o cualquier patrimonio (situado tanto en España como en cualquier otro lugar) cuya adquisición no pueda ser debidamente justificada en virtud del régimen legal de financiación actualmente vigente y en coherencia con la contabilidad formulada y presentada a fiscalización ante el Tribunal de Cuentas".

Respecto a los cargos públicos electivos, UPyD cree necesario incorporar a la legislación penal el conocido como delito de enriquecimiento ilícito o injusto, "cuyo elemento fáctico típico se sustentaría en el incremento de patrimonio desproporcionado de un político en relación con los ingresos que, por obligación legal, debe declarar públicamente, siendo computado este incremento patrimonial injustificado tanto respecto a bienes de su titularidad como a bienes registrados formalmente en favor de meros testaferros o administradores de hecho".

Según UPyD, ese "enriquecimiento injustificado" deberá entenderse "tanto por bienes o derechos como por condonación o cancelación injustificada de obligaciones".

Que respondan con su patrimonio

Para finalizar, el partido magenta considera "imprescindible" reforzar el régimen de responsabilidad de aquellos gestores públicos que, "bien de forma dolosa o bien por negligencia grave, hayan causado, por actos u omisiones contrarios a la Ley, daños patrimoniales a los bienes o al caudal público, incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo".

Así, "a los políticos que ocupen cargos en sociedades o entes públicos, muchos de las cuales están espléndidamente retribuidos, se les podría exigir responsabilidades personales y patrimoniales, de forma análoga a la responsabilidad a la que están sometidos los administradores y consejeros de las sociedades mercantiles, estableciendo para ello una regulación específica que contemple un tipo de acción popular que permita iniciar los correspondientes procedimientos judiciales".

De todo ello quiere UPyD preguntar al Gobierno en la sesión de control del próximo miércoles para saber qué medidas está tomando en ese sentido. Tras esa interpelación, presentará una moción que se votará el próximo 12 de marzo.