España es, junto con Italia, el Estado miembro con más procedimientos de infracción abiertos por Bruselas por incumplir la legislación de la UE, principalmente sobre impuestos directos e indirectos y sobre calidad del agua, según un informe publicado este martes por la Comisión Europea.

En concreto, España tiene abiertos 66 expedientes -cifra que supone un incremento de 4 respecto al último examen en mayo de 2012-, frente a 67 en Italia, 61 en Bélgica y 31 de promedio en el conjunto de la UE. De ellos, 11 corresponden a casos de vulneración de las normas sobre fiscalidad directa, 8 a fiscalidad indirecta y 7 a calidad del agua.

España está también entre los Estados miembros donde más tardan en resolverse los procedimientos de infracción, con una media de 30,5 meses (frente a 26,1 meses de media en la UE. Incluso cuando el Tribunal de Justica de la UE llega a una sentencia condenatoria, España es el país de la UE que más tarda (22 meses) en ajustarse al fallo.

Por lo que se refiere al déficit de transposición, el número de directivas de la UE pendientes de incorporar a la legislación nacional, España se sitúa en el 0,6% (con un total de 8 normas pendientes). Ello significa que cumple el objetivo del 1% pero supera ligeramente la nueva meta que ha propuesto el Ejecutivo comunitario (0,5%). El retraso medio de transposición para España es sin embargo de solo 2,5 meses.

Irlanda es el único Estado miembro de la UE que ha incorporado a su legislación nacional todas las normas comunitarias, mientras que Malta tiene pendiente una y Estonia y Suecia 2 cada uno. En el extremo contrario se sitúan Bélgica, Austria, Polonia y Portugal, que superan incluso el umbral del 1%.