El PSOE quiere averiguar cuantos Bárcenas más se han acogido a la "indecente" amnistía fiscal

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha registrado este lunes tres iniciativas: la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el proceso de amnistía fiscal, una proposición no de ley para que la Agencia Tributaria ponga toda la documentación de este proceso en manos de los inspectores de Hacienda, y una proposición de ley para modificar la Ley General Tributaria con el fin de posibilitar que se conozca la identidad de los beneficiarios de esta regularización fiscal.

La dirigente socialista ha recordado que su formación ha venido combatiendo en los tribunales y en el Parlamento la amnistía fiscal porque sostiene que se trata de un proceso "indecente e inmoral" basado en un decreto ley de con graves irregularidades jurídicas y que, a su juicio, acabará siendo declarado inconstitucional.

Además, ha asegurado tener "serias dudas y sospechas" sobre su aplicación, pues el PSOE piensa que "se ha ido adaptado a las exigencias de los defraudadores en tres sentidos: pidiendo más ventajas, más seguridad y e impunidad".

También cree que los defraudadores han exigido más seguridad y que el Gobierno accedió a que sus declaraciones especiales no se pongan a disposición del servicio de inspectores de Hacienda, con lo que no se sabe si lo regularizado es o no de origen ilícito.

De ahí la propuesta para que los expedientes se pongan en manos de los inspectores y que, si se comprueba que el origen de los fondos no es legal, se ponga en conocimiento de la Fiscalía para revocar a amnistía.

Su tercera sospecha es que el Gobierno accedió a una tercera demanda de los defraudadores, que pidieron más impunidad y ante ello se aceleró "de urgencia y por la puerta de atrás" la tramitación de la reforma parcial del Código Penal que suprime el delito fiscal si aflora el dinero evadido. "Son acusaciones y sospechas gravísimas que penden sobre el proceso de amnistía fiscal", ha admitido la portavoz socialista.

"¿Cuántos Bárcenas más se han beneficiado de esta amnistía fiscal? ¿Cuántas personas con procesos abiertos, investigados por delito fiscal, se han acogido? ¿Cuántos fondos de origen ilícito han sido blanqueados en este proceso de amnistía fiscal? ¿Conocía el Gobierno que gente tan vinculada a su partido se acogía a esta amnistía fiscal?", se ha preguntado.

En declaraciones en el Congreso, Rodríguez ha querido dejar claro que "ya no es el momento de las auditorias externas encargadas por el PP". "La exigencia de hoy es la de una auditoría en el Congreso de los Diputados y a esta auditoría tiene que acceder el PP", ha añadido.

IU propone un pleno monográfico sobre corrupción

IU ha pedido celebrar en el Congreso una sesión plenaria monográfica en la que se debate sobre la corrupción, en la que comparezca el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La idea de la formación es reclamar en ese Pleno la aprobación, en un plazo de 90 días, de un plan de medidas urgentes para perseguir la corrupción política y empresarial, que, con forma de proyecto de ley, deberá ser pactado con el resto de fuerzas políticas.

En todo caso, la Izquierda Plural seguirá adelante con su demanda de crear una subcomisión de estudio en la Comisión de Justicia donde se analicen posibles medidas contra la corrupción y, en previsión de su petición de un Pleno extraordinario no sea aceptada, también está trabajando ya en una proposición de ley para someter a votación sus propias propuestas en esta materia.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha reclamado que ese futuro plan contra la corrupción regule las actividades de los partidos políticos, cargos directivos, electos, de libre designación y apoderados de todos ellos, y que establezca la "responsabilidad subsidiaria" de las formaciones políticas o sus órganos colegiados.

También demanda que incorpore las recomendaciones específicas para España del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa y varias reformas legislativas. En concreto, pide cambiar el Código Penal para definir la responsabilidad penal de los corruptores, la Ley de Contratos de la Administración Pública para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades y la Ley Electoral para limitar el coste de las campañas electorales.

Las peticiones se completan con el refuerzo del Tribunal de Cuentas y el establecimiento de un procedimiento de urgencia en los tribunales para los casos relacionados con la corrupción política.

IU cree oportuno retocar la Ley de Financiación de Partidos para limitar las donaciones anónimas a 10.000 euros al año y mejorar el control de las subvenciones públicas, dando primacía a la proporcionalidad en los votos obtenidos como criterio de financiación.

Y es que, para Lara, lo que está en el fondo del problema destapado por el 'Caso Bárcenas' es la supuesta financiación ilegal del PP y el deterioro de la democracia y el "hastío" ciudadano que generan estos asuntos. Y, ante esta situación, ha vuelto a reiterar que no todos los partidos políticos son iguales.

"En un país que se está desangrando económica, social y culturalmente, esto es una bomba de relojería", ha advertido. Esa bomba, según Lara, está en manos de Bárcenas, y si la activa, es decir, si cuenta todo lo que sabe, puede hacer "estallar al PP por completo".

Por último, Lara cree que la posición que mantenga este martes el PP cuando la Diputación Permanente del Congreso debata sobre las peticiones de comparecencias de Rajoy y de otros ministros en torno a esta cuestión será "la prueba del algodón" y servirá para medir si los 'populares' quieren "jugar en serio a la transparencia o van a seguir con la estrategia del avestruz".

Para Llamazares, la auditoría es "de risa"

El portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, considera "de risa" que Rajoy haya encargado auditorías para salir al paso del 'caso Bárcenas' y no acepta hablar de un pacto contra la corrupción si antes el PP "no limpia su casa".

Además, ha explicado que una auditoría interna y externa sólo serviría como "autoprofecía cumplida" en favor del PP, pues no aporta "nada nuevo" y no permitiría detectar dinero negro, que es algo que únicamente podría descubrir la Agencia Tributaria o la Justicia.

Por su parte, la líder nacional de UPyD, Rosa Díez, cree que Rajoy está intentando eludir su "responsabilidad" y le ha recomendado que, si algún miembro del partido ha "engañado" a la dirección, lo denuncie ante la Fiscalía y se ponga a disposición del Ministerio Público para lo que sea preciso.

"Lo demás son naderías que no sirven para nada, sólo para eludir su responsabilidad", ha enfatizado Díez, en declaraciones a Europa Press, antes de remarcar que es inútil ordenar una fiscalización de las cuentas del PP porque "el dinero B no sale en una auditoria".

Al respecto, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha calificado el 'caso Bárcenas' de "pavoroso" por la "magnitud" de las cifras, "por el descaro con el que se han desviado los fondos entre altos cargos y dirigentes del propio partido" y porque genera "estupefacción", tanto en la opinión pública" como dentro de la clase política.

Por último, la portavoz de ERC, Anna Simó, ha propuesto, en rueda de prensa, que la financiación irregular de partidos políticos se incluya en el Código Penal.