Los escándalos, sospechas y añagazas de corrupción y su utilización como arma contra los rivales son una constante de la política española desde que el caso Naseiro implicó a José María Aznar y a buena parte del PP de entonces. Es difícil medir esas prácticas, pero cabe presumir que se intensificaron, hasta convertirse en hechos corrientes, durante los años del auge económico. Lo cierto es que el rosario de denuncias al que asistimos nace de la corrupción de esa época y buena parte del mismo está relacionado con el boom de la construcción y sus derivados.

A partir de ese dato y de que la crisis ha reducido al mínimo las oportunidades de negocio y, por tanto, de tráficos ilegales, hay optimistas que creen que lo peor del temporal ya ha pasado. Pero no es así. Primero, porque cuando la corrupción se convierte en costumbre no hay manera de pararla, por poco dinero que circule. Termina por ser un método inevitable, al que sus actores no pueden sustraerse aunque quieran. Segundo, porque el mal hasta aquí hecho pesa de tal manera sobre la acción de los partidos que lo hicieron --entre otras cosas porque, sin renovación, los que pecaron, por acción o por omisión, son los mismos que hoy tienen que arreglar el entuerto-- que cualquier otra de sus funciones queda postergada por la ingente tarea de lidiar con ese toro.

El descrédito creciente de los partidos y de sus líderes entre los ciudadanos se añade inquietantemente a esos factores. La corrupción y la incapacidad de atajar la crisis son las causas, que se retroalimentan, de ese proceso apabullante, y podrían agravar el riesgo de un estallido social. Si este no se produce, las consecuencias solo se verán el día que haya elecciones.

Un líder acuciado por la corrupción es necesariamente un líder débil. Porque su impopularidad lo atenaza y porque para evitar que la herida se infecte no puede ocuparse de otra cosa. Y todas las demás tareas, entre ellas la de gobernar el país, quedan detrás. Tiene que tapar los huecos abiertos, buscar las complicidades necesarias para lograrlo, pactar las contrapartidas necesarias para que callen quienes tienen que pagar el pato, hacer frente a los chantajes en la lucha por el poder interno que inevitablemente se derivan de esos casos, o parir las trampas para esquivar el golpe, como la que el PP montó para escapar a Gürtel en los tribunales, llevándose a Baltasar Garzón por delante.

En definitiva, que la corrupción no solamente ha hundido la moral pública y dañado gravemente unas cuantas instituciones, sino que también está acabando con los partidos en cuanto agentes de los intereses del pueblo. Olvidando las lecturas que se puedan hacer de todo esto en el extranjero, del que depende buena parte de nuestra suerte, una situación como esta no puede durar. Posiblemente ya hemos llegado al límite. Lo peor es que cualquiera de las cosas que pueden ocurrir a partir de ahí no son precisamente alentadoras.