Menos de 24 horas antes del inicio de la protesta indignada para rodear el Congreso de los Diputados, una cita que pone los pelos de punta a buena parte del estamento político por su potencial desestabilizador y la imagen que proyecta, María Dolores de Cospedal comparó la convocatoria con el acontecimiento más funesto de todo el periodo democrático español: la asonada golpista del 23 de febrero de 1981. "La última vez que se rodeaba y tomaba el Congreso fue con ocasión del intento de golpe de Estado. Querían taparnos la boca a todos los españoles que habíamos elegido libremente a nuestros representantes y nuestro modelo", dijo ayer la secretaria general del PP, en una declaración que viene a caldear los ánimos de unos manifestantes (49.000 personas se han apuntado a la convocatoria a través de Facebook) que se definen como "antineoliberales, anticapitalistas y democráticos" y que pretenden circundar el edificio de la Cámara baja para "exigir la dimisión del Gobierno" y dar comienzo a "un nuevo proyecto constituyente".

No es la primera vez que se equipara esta convocatoria, llamada 25-S por la fecha elegida, con el recuerdo de la intentona golpista. A mediados de agosto, el diputado socialista José Martínez Olmos escribió en Twitter: "Tal como está planteada, la iniciativa es la antesala de un golpe de Estado". Pero desde entonces hasta hoy la protesta ha ido moderándose para ganar seguidores. La cita comenzó como una idea de las facciones más radicales vinculadas al 15-M. Hablaba de "ocupar" la Cámara baja y de no moverse de allí hasta lograr sus muy ambiciosos objetivos. Ahora, después de que sus impulsores dieran un paso atrás y otros sectores del movimiento de los indignados se involucraran en la convocatoria, ya no se trata de tomar el Congreso (algo que constituiría un delito de sedición), sino de circundarlo hasta donde la Policía permita, y dispersarse a las diez y media de la noche de hoy. A partir de ese momento, se estudiarán nuevas acciones.

El PSOE, de hecho, reconoció que algo había cambiado en la cita. Tras la reunión de la ejecutiva del partido, su vicesecretaria general, Elena Valenciano, marcó distancias con la tesis del PP. A su juicio, la equiparación resultaba "equivocada" porque en el 23-F "entraron militares con pistola". Los manifestantes, a los que apoyan partidos ligados a IU como el PCE, no quieren entrar en el Parlamento, sino acercarse a él todo lo que puedan, pero dado el amplio despliegue policial programado verán el edificio desde lejos. Cerca de 1.350 agentes velarán por la seguridad de la Cámara baja e impedirán el acceso a las calles circundantes a todo aquel que no resida o trabaje en ellas. "No se impedirá el tránsito de los diputados ni se interrumpirá el funcionamiento del Congreso", explicaron los convocantes en una rueda de prensa celebrada la semana pasada.

A petición de un ciudadano, la Delegación del Gobierno de Madrid, que ayer advirtió que violentar el Parlamento conlleva penas de entre seis meses y un año de cárcel, autorizó hace unos días cinco marchas ligadas a la manifestación. Pero la Coordinadora 25-S y la Plataforma En Pie, convocantes de la cita, se han desligado de esa solicitud. Dicen, acogiéndose a la desobediencia civil, que nunca han querido comunicar esta protesta por cauce oficial.