Los alcaldes de Orense, Francisco Rodríguez (PSOE), y de Boqueixón (PP), Adolfo Gacio, fueron detenidos este jueves en el marco de la denominada Operación Pokemon, que investiga diversos delitos como los de cohecho, prevaricación, fraude fiscal, falsedad documental o tráfico de influencias relacionados con adjudicaciones de obras. Varias sedes del Grupo Vendex, que ofrece el mantenimiento de servicios públicos en diversas ciudades gallegas, han sido registradas.

Algunos de los doce detenidos en el marco de esta investigación sobre una trama de corrupción son empleados de empresas del Grupo Vendex, donde a lo largo de la jornada han recabado documentación. Además, también fue detenido el expresidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil y exconcejal de Lugo, Francisco Fernández Liñares, así como un funcionario del área de contratación del Ayuntamiento de Santiago, Román O.F.

Los arrestos fueron practicados por el servicio de Vigilancia Aduanera en el marco de una operación coordinada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, que dirige Pilar de Lara Cifuentes, la misma que llevó investigaciones tan conocidas como la Carioca, sobre una red de prostitución y corrupción que operaba en Lugo.

La detención de Francisco Rodríguez, que gobierna la ciudad de Ourense desde el año 2007, fue la primera que trascendió y pilló al secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez, en medio de un desayuno informativo. En ese marco, el dirigente socialista manifestó su "confianza plena" tanto en la Justicia como en el regidor orensano, un pronunciamiento al que se sumaron otros compañeros de filas, como el secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, y el presidente provincial del partido en Pontevedra, Antón Louro, quienes se pasaron por la Comisaría de Pontevedra para interesarse por cómo estaba.

No obstante, el alcalde de Orense ha estado incomunicado, a la espera de pasar previsiblemente este viernes a disposición judicial. Su compañera sentimental también se trasladó hasta Pontevedra y proclamó a los medios de comunicación que "por supuestísimo" confía en la inocencia de Francisco Rodríguez, mientras que su abogado, Carlos Hernández, se ha mostrado confiado en que sea puesto en libertad una vez que pueda declarar.

PENDIENTE DE DESTINO

Por su parte, el alcalde de Boqueixón desde 1991 permanece en la comisaría de Lonzas, en A Coruña, tras su detención. Adolfo Gacio, de 58 años de edad, estaba pendiente de que le concediesen un puesto diplomático para ceder el bastón de mando municipal a uno de sus más estrechos colaboradores, Ovidio Rodeiro, actual director general de Juventudes de la Xunta.

Junto con el funcionario del departamento de contratación del Ayuntamiento de Santiago, donde Román O.F. desarrollaba su trabajo desde hace unos 20 años, también han sido arrestados empleados del Grupo Vendex. En concreto, fueron detenidas cuatro personas en Lugo; dos en Orense; dos en A Coruña; una en Santiago y otra en Bueu (Pontevedra). A esta decena de arrestados se suman otros dos en Asturias y Madrid.

DIVERSOS REGISTROS

Efectivos de Aduanas junto a funcionarios judiciales registraron a lo largo de este jueves sedes del Grupo Vendex en varias localidades gallegas, entre ellas las de Orense, A Coruña y Santiago de Compostela, en el marco de la que se ha bautizado como 'Operación Pokemon'.

El Grupo Vendex está formado por más de 30 sociedades y ha abierto 21 delegaciones en España. Entre las actividades que desarrolla están los servicios de recogida de residuos, la limpieza y el mantenimiento de edificios, así como gestión de los aparcamientos de zona ORA, a través de la empresa Doal.

Los registros se extendieron también a las oficinas de planificación y control de concesiones del Ayuntamiento de Lugo, que años atrás dirigió el propio Fernández Liñares en su etapa como concejal. Los agentes bajo las órdenes de la titular del Juzgado número 1 de Lugo se presentaron en dependencias municipales y se llevaron varios expedientes relativos tanto a la presente legislatura municipal como a la anterior.

El servicio de Vigilancia Aduanera se presentó también con una orden judicial y registró dos despachos de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil --que también dirigió Fernández Liñares--, ubicados en dos puntos distintos de la ciudad de Orense, donde recabaron documentación y expedientes de distintas empresas.