Hace cuatro años, antes incluso de que se conociese la traumática sentencia del Estatut, el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, y el líder de CiU, Artur Mas, aparcaron sus diferencias para acordar dos aspirantes a magistrados del Tribunal Constitucional (TC), de manera que este paso les sirviese para presionar en Madrid en favor de la Carta catalana y que una de las 12 sillas de la institución fuese ocupada por un juez que representase a Cataluña. Finalmente, con un considerable retraso, la catedrática de Derecho Civil Encarna Roca desempeñará este papel.
El PP y el PSOE anunciaron ayer, después de años de desencuentros y a tan solo media hora de que acabase el plazo, la elección de Roca y las de Juan José González Rivas, Andrés Ollero y Fernando Valdés para ocupar las cuatro plazas vacantes en el alto tribunal, una de ellas desde el 2008. Ambos acordaron también la renovación del resto de instituciones pendientes, entre ellas el Defensor del Pueblo, que ocupará la exalcaldesa de Sevilla y exparlamentaria del PP Soledad Becerril.
El acuerdo se gestó en los últimos dos días entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, si bien tanto Mariano Rajoy como Alfredo Pérez Rubalcaba dieron su visto bueno. Aunque el grueso del pacto estaba cerrado el jueves, ambos partidos se conjuraron para que no se filtrase nada hasta hacerlo público.
De hecho los interesados no supieron que habían sido elegidos hasta el último momento, según fuentes de la negociación. El acuerdo en el Tribunal Constitucional ha sido posible porque PP y PSOE aparcaron sus candidatos más politizados. Aún así han optado por jueces con marcada ideología, si bien no considerados en negociaciones anteriores.
LAS PRESIONES CATALANAS Tanto CiU como el PSC presionaron a conservadores y socialistas para obtener el puesto para su candidata, si bien tuvo más éxito el segundo, dado que Roca ocupa una de las dos sillas que le correspondían al PSOE.
El PSC trasladó al PSOE que, después del fallo del Estatut y del aumento de la deriva soberanista con la negociación del pacto fiscal convenía más que nunca que un catalán se sentase en el Tribunal Constitucional. A los socialistas catalanes tampoco les hubiese importado, según fuentes socialistas, la elección del candidato de CiU, Antoni Rovira, el otro juez designado por el Parlament en el 2008.
En cuanto a la Defensora del Pueblo, los negociadores han optado por escoger a una candidata con un marcado perfil político. El número dos de Soledad Becerril será el histórico diputado del PSOE Francisco Fernández Marugán, después de que se barajara su nombre para el Tribunal de Cuentas.
