El Tribunal Supremo sostiene que Carlos Dívar "no abusó" de su cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando cargó gastos personales de sus 20 viajes a Marbella (Málaga) al erario de esta institución porque, según apunta la sentencia en la se que rechaza la querella presentada contra el ya exjefe de los jueces, así se lo permitía la norma contable que rige en la mayoría de las administraciones públicas. Por el contrario, cuatro magistrados defienden en sus votos particulares que el alto tribunal debía haber investigado estos gastos.
La decisión del Supremo se acordó el pasado 16 de junio, pero los argumentos se conocieron ayer después de que Dívar presentara su dimisión. 11 de los 15 jueces que integraron el pleno de la sala penal dan un respiro a su exjefe al negar que este "utilizara algún tipo de ardid para conseguir un desplazamiento patrimonial a su favor", ya que aportó las facturas de sus gastos para que le fueran abonadas por el órgano de Gobierno de los jueces como establece una norma de 1995. El pleno sostiene que Dívar "se ajustó al procedimiento legalmente establecido" para el cobro de los citados gastos "por lo que nunca pudo abusar de su posición a estos efectos".
BLINDAJE JURIDICO Sin embargo, los cuatro magistrados discrepantes consideran que se debía haber admitido la querella. En sus votos particulares detallan algunos de los viajes realizados por Dívar y concluyen que usó "fondos públicos para reintegrarse de desembolsos efectuados con carácter estrictamente privado", como manifiesta José Manuel Maza en su escrito. Jorge Alberto Barreiro rechaza que su exjefe se pueda sentir "víctima o chivo expiatorio de intereses cruzados ajenos a su persona" porque otras personas que han podido cometer los mismos hechos no han sido investigadas.
Además, este juez está convencido "de que la conducta ilícita de utilizar los fondos públicos con fines privados no es, desgraciadamente, un evento extraordinario en nuestro país". Y lamenta que Dívar se escondiera en "una especie de blindaje jurídico" al negarse a identificar a las personas a las que agasajó en sus viajes. Su colega Joaquín Giménez coincide en esta tesis al denunciar "un escenario de opacidad".
Según Maza, es díficil entender "que se tuvieran que celebrar tan reiterados encuentros con la misma persona para tratar asuntos de carácter oficial en un lugar tan distante de la sede del órgano y por estancias dilatadas". Y apunta que el invitado de Dívar era "al parecer una persona del servicio de seguridad".
CUESTIONES PERSONALES El presidente en funciones del CGPJ, Fernando de Rosa, aseguró ayer en varias emisoras de radio que Dívar "ha sufrido un daño irreparable" al hablarse de "cuestiones personales". Y la portavoz, Gabriela Bravo, admitió que la falta de explicaciones de su exjefe ha generado "muchísimas dudas" en la ciudadanía e insistió en tildar de "desleal" la actuación del vocal José Manuel Gómez Benítez por denunciar a Dívar ante la fiscalía.
